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Gabriel Aarón Macías Zapata
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Miércoles 11 de enero, 2017

Luego de 42 años, Quintana Roo decidió elegir a un candidato de la oposición, en la persona de Carlos Joaquín, impulsado por la alianza PAN-PRD. Por primera vez la ciudadanía se organizó y logró echar al PRI del gobierno; ahora el nuevo gobernador y la sociedad enfrentan, también por primera vez, una difícil transición hacia la alternancia. Este proceso comenzó con la entrega del poder, luego seguirán acciones que muestren a los ciudadanos un camino que conduzca a un cambio en materia política y socioeconómica. En este trance hay que reconocer que todo cambio -aunque sea pacífico- produce dolor y no está exento de provocar desencanto, e incluso inconformidad entre los votantes que llevaron al triunfo al entonces candidato.

La alternancia en Quintana Roo enfrenta esta situación de manera muy peculiar. La peor dificultad está en el pasado inmediato; al dejar un legado de corrupción, crisis hacendaria y grupos políticos que, aunque vencidos, aún pueden aprovechar espacios para recuperar el poder. Esta situación conduce al nuevo gobierno a impulsar dos aspectos al mismo tiempo: las dificultades que dejó el régimen anterior con todo y sus determinaciones, y las acciones de la administración pública propias del Estado. Atender con atino estas dos cuestiones lo podría conducir a lograr la gobernabilidad, situación que no es sencilla por la influencia que aún ejercen los factores heredados y la postura que tomen los ciudadanos ante esta nueva experiencia política.

El nuevo gobierno carga con el peso de una enorme deuda pública y aún se ignora el destino de gran parte de los recursos obtenidos a través de este medio por los exgobernadores priístas Félix González y Roberto Borge. Para colmo de males, el Presidente se negó rescatar a los estados con agudos problemas de deuda, como Quintana Roo y Veracruz. Casualmente ambos están ahora gobernados por partidos opuestos al PRI, además de que los culpables de los desfalcos son parte de aquella generación de políticos jóvenes que Peña Nieto presumía como la cara del resurgimiento de este partido, de modo que no queda otra opción que buscar alternativas de financiamiento y generar ingresos propios.

En los más de tres meses de asumir el cargo, Carlos Joaquín ha emprendido acciones necesarias pero que han causado malestar entre la oposición y algunos de sus simpatizantes. Ante el peso de la deuda heredada, el Congreso –incluyendo los priístas- aprobó adquirir un préstamo que servirá para bajar el monto de los intereses pero aumentará el plazo para el pago de la deuda actual adquirida y la que se heredó.

Otro aspecto es el reemplacamiento que se efectúa cada tres años, que causó molestia, incluso entre quienes se manifestaron como joaquinistas; pues el costo de 1080 pesos del mismo es elevado; esto a pesar de que el gobierno aclaró que en atención a la economía de los ciudadanos, no se cobrará la tenencia vehicular y que la verificación, a punto de iniciar en el estado, no se realizará.

Los detractores de la medida señalan que el reemplacamiento es innecesario, que si el gobierno requiere de recursos, que recupere lo que Borge defraudó al erario. Esto cuando aún no se han levantado firmes denuncias en contra del exgobernador. También se ha criticado la adquisición de un software con valor de 380 millones de pesos, acción señalada como despilfarro y que se defiende afirmando que permitiría bajar costos de operación y agilizar trámites de los ciudadanos.

A ello se agrega el despido de empleados, muchos de ellos de confianza, aspecto muy común en los cambios de gobierno. Algunos de los nuevos funcionarios son poblanos, lo que ha revivido al nativismo o quintanarroismo; postura que, a pesar de que Quintana Roo se ha construido con inmigrantes, reclama que los empleos y cargos públicos deben de ocuparlos los quintanarroenses.

Como respuesta, en las redes sociales circuló una convocatoria para hacer una marcha para expresar el descontento. Lo que causó desconfianza fue que no se identificaba a los organizadores de ésta. Algunos decían que detrás estaban periodistas que ya no recibían prebendas del gobierno y priístas resentidos; otros, aunque ignoraban quién los convocaba, sostenían que se trataba de reclamos auténticos.

Este llamado fijó la postura de los ciudadanos; hubo quienes manifestaron una firme oposición a las medidas del gobierno, su desilusión y la intención de acudir a la marcha. Otros la vieron como un mal necesario y pidieron tiempo para evaluar los resultados. Al final el evento tuvo escasa asistencia y estuvo lejos de mostrar un supuesto y creciente descontento ciudadano que, según medios opuestos al gobierno, se reflejaría en una amplia participación.

Estas experiencias reflejan que la alternancia está pasando por los dolores del parto, que de fallar la estrategia del gobierno, la desilusión puede alcanzar hasta a los ciudadanos que han mostrado paciencia. Esto sería señal de que la alternancia y el cambio podrían quedar en proyectos fallidos.

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
[b][email protected][/b]

*Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Península)


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