Deben garantizar seguridad de detenidos: Codhey

La Jornada Maya
Foto: Fabrizio León Diez

Mérida, Yucatán
Martes 24 de enero, 2017

José Enrique Goff Ailloud, consejero presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), llamó a las autoridades a cumplir con los requerimientos básicos de operación de las cárceles municipales, a fin de garantizar el respeto a la dignidad e integridad física de las personas detenidas.

El llamado, realizado a través de un comunicado, se dirige en especial a los alcaldes de los 106 municipios del estado, para que refuercen la vigilancia y supervisión en las prisiones dependientes de los ayuntamientos, a fin de evitar suicidios como los dos que presuntamente se han registrado este mes; uno en Umán, el día 17, y el otro en Dzidzantún, antier; ambos fueron en la respectiva cárcel pública.

El consejero recordó que la Codhey emitió la recomendación general 06/2014 sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales de Yucatán y remarcó que todas las personas que estén detenidas o bajo custodia son responsabilidad de las autoridades, por lo que deberán siempre respetar la dignidad y garantizar su integridad física y la vida.

Señaló, igualmente, que si bien es necesario resguardar algunas pertenencias de los detenidos, como cinturones, cadenas, cordones y similares, que podrían ser utilizados para atentar contra su vida, por ninguna circunstancia debe desvestírseles.

El documento puntualiza que resulta indispensable cumplir con algunos señalamientos básicos que la Codhey ha señalado anteriormente, como llevar un registro de ingresos y egresos de los detenidos, así como de sus pertenencias; realizar valoraciones médicas, proporcionar alimentación, permitir la visita familiar e implementar mec de supervisión permanente, con la finalidad de evitar o detectar oportunamente que los detenidos atenten contra su integridad física o su vida.

Goff Ailloud señaló que, de acuerdo con a las supervisiones que realizó la Codhey durante 2016, se constató que 73 por ciento de las cárceles municipales no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos ni con los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.