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Texto y foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

Miércoles 15 de febrero, 2017


Hace dos años en una conversación privada con Héctor [i]Billy[/i] Fernández, el líder de los taxistas en Mérida, le pregunté qué pensaba de Uber y qué iba a hacer el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), cuando esta empresa-aplicación llegara la ciudad.

Me contestó que eso no iba a pasar, porque las leyes lo impedían y porque en Yucatán "las cosas son diferentes". Ante mi insistencia me confesó que ya tenían planeado producir una aplicación que hiciera frente a mejorar el servicio, pero también se empeñó en convencerme, con mucha amabilidad y seguridad, de que esos sistemas funcionan en otros lugares, “aquí no”.

Dos años después, Uber está instalado en Mérida, las leyes no lo permiten, la aplicación del FUTV no sirvió. Tampoco se sabe cuántos autos han sido detenidos, ni mucho menos por qué no se registró Uber en la convocatoria para regularizarse ante gobierno.

Los cálculos de los propios conductores estiman que son entre 3 y 4 mil los miembros de esta comunidad circulando, lo cual los han convertido en una fuerza vital de transporte privado y que sin duda invade y resuelve el serio problema del transporte público, en la ciudad mejor calificada del sureste; una de las mejores del país y una moda en las guías de turistas internacionales.

Lo que sí sabemos es que el servicio vino a dar empleo a miles de familias, que la venta de autos se incrementó y que la movilidad cotidiana es proporcional al tremendo crecimiento que tiene Mérida.

También sabemos que Uber tiene una comunicación muy eficaz y da certidumbre inmediata a sus socios y conductores, cubre las multas cuando detienen las unidades y asegura económicamente los días perdidos por estos incidentes.

De la misma forma sabemos que las concesiones y placas de los taxistas tradicionales se pulverizaron, haciendo trizas el patrimonio de miles de familias. Que ese mercado y especulación se acabó y no hay sindicato ni líderes que puedan contener la rabia y frustración de sus agremiados, que se sienten engañados y desencantados con las promesas del partido oficial, que durante años los usó y manipuló con el chantaje de darles o quitarles las placas de un taxi que ahora no vale lo que pagaron, pensando siempre que ahí estaba su futuro y herencia.

Se sabe que los funcionarios del gobierno estatal y diputados están divididos ante un tema que nadie quiere afrontar, porque están entrampados en aplicar una solución legal a un problema, que curiosamente, resuelve la falta de un eficaz transporte.

También llama la atención la pasividad de las autoridades municipales, que en el fondo deben de estar atentas en ver cómo se enreda el gobierno estatal en un asunto que ellos mismos tampoco han sabido enfrentar en el terreno popular, aunque lo hayan prometido en campaña, porque no es de su jurisdicción. También estarán contentas porque seguro calculan cómo eso afectará al PRI, en corto plazo.

Una duda razonable es si el gobierno tiene la capacidad de operación para detener a las unidades que transitan las 24 horas, en pos de defender el Estado de derecho. La otra duda es si la provocación de Uber para no registrarse es una razón legítima o es la soberbia de una empresa trasnacional líder en la globalización, que no le importan regulaciones, que en efecto son del siglo pasado.

El poder económico de Uber le permite saltarse la norma, porque tiene como aliados a miles de conductores y socios que resuelven su economía dignamente y a miles de usuarios que están encantados en moverse sin manejar y pagando precios justos y con recibos facturables, y por lo tanto fiscalizables, sin ningún tipo de compromiso político con gobiernos o partidos.

Tal parece que el tiempo les da la razón, que en pocas palabras es usar y abusar de la idiosincrasia de un estado con leyes, pero sin justicia.

A diferencia de los choferes tradicionales de taxis, los conductores de Uber son profesionistas, estudiantes, comerciantes y empleados. Hombres y mujeres de todas las edades con autos impecables. Los incidentes de maltrato o robo de unos y otros son prácticamente imperceptibles. Las tarifas son cada vez más parejas, salvo que el oficio del chofer de taxi se empieza a extinguir y la palabra Uber empieza a ser genérico de taxi.

Mientras no haya una regulación moderna de parte de la autoridad para que los concesionarios de transporte transiten a empresas de movilidad, centrados en el usuario y no en las tarifas, haya una fuerte inversión en infraestructura para el transporte público y se deje de pensar en hacer calles para el auto particular y no en el transporte que mueve a más personas, el problema del transporte en Mérida no se arreglará, pero si hará ganar o perder a los candidatos que quieran gobernar la ciudad, o Yucatán, en 2018.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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