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del

Miguel Carbajal Rodríguez*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 21 de febrero, 2017


Hace 100 años, quienes se dieron la tarea de redactar la Constitución, sabían ya de la enorme riqueza natural del país y de la posibilidad que ésta guarda para el desarrollo. Desde ese entonces se lee sobre la responsabilidad de cuidar y administrar adecuadamente los recursos naturales para el bien de la Nación. Con el devenir de los años, la Constitución Mexicana se ha enriquecido y modificado de acuerdo a los nuevos contextos y situaciones que se presentan. Quizás, uno de los más significativos cambios es el realizado en febrero de 2012, que integra el concepto de naturaleza como derecho humano en el artículo cuarto: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano, adecuado para su desarrollo y bienestar.”

La naturaleza es más que un bonito paisaje; es un tema de justicia, de equidad, de derechos humanos. Y es que la mala repartición y distribución de los recursos fomenta la generación de la inequidad y de la pobreza. El derroche de unos para satisfacer antojos significa el hambre de otros y ambos, derroche y hambre, buscan en la naturaleza su complacencia sin considerar el impacto que en ella tengan.

El que se considere al ambiente como un derecho humano es muy importante, pues nos permite visualizar a nuestros recursos desde otra perspectiva, no sólo como de proveeduría, sino los une de manera trascendente a nuestro desarrollo como personas. Sin naturaleza no hay vida, no hay posibilidad de desarrollo, de salud, de alimento. Respirar aire limpio, comer saludablemente, beber agua no contaminada son tres acciones que desgraciadamente millones de mexicanos no pueden ejercer aunque sea un derecho constitucional. Y qué decir de gozar espacios de recreación en donde podamos estar en contacto con una naturaleza limpia. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en una playa sin encontrar al menos una botella, una bolsa, un plástico? A falta de voluntad política, ante la carencia de una sociedad educada ambientalmente, ante la ambición de algunos por tener más a toda costa, ante la pobreza extrema que obliga a depredar los recursos, estamos permitiendo que nuestro patrimonio natural se degrade y se pierda junto con el potencial que guarda para impulsarnos al desarrollo.

A cien años de redactar la Constitución, el Estado ha sido incapaz de promover un país que goce plenamente de sus derechos y de proteger los recursos naturales. Además de la preocupante degradación de los mismos, que nos ha llevado a perder más del 30 por ciento de nuestro patrimonio natural, existe una preocupante degradación social lo que pone en entredicho esto del desarrollo y bienestar.

Según el programa universitario de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el 2014, como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México presentaba la tasa más baja de ingreso familiar y el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos. También para ese año figuramos como el país con la mayor proporción en la población que tiene la sensación de no poder comprar alimentos suficientes. Asimismo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 46.2 por ciento de la población vive en la pobreza y 9.5 por ciento en pobreza extrema; 53.2 por ciento de los mexicanos tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Hoy más que nunca en nuestra historia es imperativo hacer viva la Constitución y poder garantizar un adecuado manejo de los recursos naturales que se traduzcan en trabajo, calidad de vida, desarrollo y bienestar para cada mexicano. Llevamos cien años y contando; dudo mucho que tengamos otros cien si no tomamos las medidas adecuadas para proteger y administrar adecuadamente el medio ambiente, pues quizás ya no habrá nada que proteger.

*Director de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad Marista de Mérida.
Maestro en bioética y derecho y en educación.

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