Óscar Rodríguez
Foto: Codhey
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 23 de febrero, 2017

Al rendir su informe de actividades al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, (Codhey), ante el Pleno de la LXI Legislatura, el ombudsman Enrique Goff Ailloud, hizo un llamado a la sociedad para que los valores familiares vayan más allá del hogar y se apliquen para lograr un mayor respeto, bajo la premisa de que no hay gustos buenos o malos; todos somos diferentes y dignos de respeto.

En sesión ordinaria, celebrada ayer en la sede del Poder Legislativo, informó que 230 servidores públicos estatales y/o municipales fueron sancionados por violaciones a derechos humanos, a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas.

Se registraron 333 quejas, un promedio de 28 por mes.

[b]Calificaciones aprobatorias[/b]

La Codhey reportó que los cuatro penales de Yucatán obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 6.37, en tanto que el 73 por ciento de las 106 cárceles municipales carecen de los requerimientos mínimos para garantizar la integridad de las personas detenidas.

Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, iniciamos de oficio 25 expedientes”, indicó.

Precisó que los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 244; detención arbitraria, 205; lesiones, 169; retención ilegal, 66; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 64; allanamiento de morada, 63; violación a los derechos de los niños, 58; amenazas, 53; robo, 50; y violación al derecho a la educación, 41.

“Las 10 autoridades más señaladas por los quejosos fueron: secretaría de Seguridad Pública con 135; la Fiscalía General del Estado, 55; secretaría de Educación, 37; Ayuntamiento de Tekax, 16; servicios de Salud de Yucatán, 15; Ayuntamiento de Progreso, 14; Ayuntamiento de Kanasín, 13; Ayuntamiento de Izamal, 12; Ayuntamiento de Maxcanú, 5 y Ayuntamiento de Mérida, 5”, precisó.

Detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 119 medidas cautelares, a un total de 23 autoridades, de las cuales 91 fueron aceptadas; es decir, el 76 por ciento de las medidas dictadas.

“Se interpuso ante el Ministerio Público un total de 25 denuncias penales contra funcionarios públicos, por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos”, apuntó.

Detalló que en total se llevaron a cabo 256 diligencias, con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades.

[b]Sugerencias[/b]

Asimismo, se emitieron 31 recomendaciones, de las cuales 30 específicas dirigidas a un total de 19 autoridades distintas y 1 general, dirigida a los 106 municipios del Estado.

En la máxima tribuna, Goff Aillioud resaltó que prevenir y combatir la violencia es una tarea de toda la sociedad, misma que debe ser erradicada, desde el ámbito familiar.

Citó temas como la Ley de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los Códigos de familia y procedimientos familiares del Estado; los albergues, que se deben seguir promoviendo, al tiempo de reconocer la labor legislativa al impulsar diversas leyes sobre los derechos humanos.

[b]Iniciativa Rosa[/b]

Entre los rubros trabajados con la actual legislatura enlistó la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la conocida Iniciativa Rosa con reformas a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, para brindar mayor protección a las mujeres embarazadas, el Bienestar Obstétrico con modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas, que contempla la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.

“Es importante reconocer que durante este periodo, la Legislatura aprobó diversas leyes enfocadas a proteger y garantizar los derechos humanos de sectores específicos de la sociedad”, resaltó.


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