Energías renovables podrían generar conflictos

Paul Antoine Matos
Foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 6 de marzo, 2017

Debido a la inexistencia de dispositivos públicos que transfieran conocimientos y capacidades a las comunidades en materia de energías renovables, así como a las malas prácticas de las empresas para lograr el usufructo de las tierras, es posible que estos desarrollos generen conflictos, ruptura de la identidad e inestabilidad política, tanto en la región como en las empresas inversoras, declaró Ezequiel Zárate Toledo, antropólogo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera del LIPC-UNAM.

En Yucatán, existen actualmente entre ocho y nueve proyectos de energías alternativas, eólicas y solares, que se establecerán en distintas partes del territorio estatal, con inversiones de empresas nacionales y extranjeras.

Ezequiel Zárate señaló que el aspecto social es un componente fundamental en las inversiones en el sector de energías alternativas.

Los proyectos modifican la realidad y generan cambios profundos en las comunidades, según el Mecanismo de Verificación del Banco Interamericano para el Desarrollo, relativo al Istmo de Tehuantepec, que es una zona más avanzada que Yucatán en cuanto a proyectos de ese tipo.

Pero “no existe un organismo público que informe, acompañe con neutralidad y resuelva los problemas ligados a la implantación territorial de las renovables, por eso muchas veces se recurre a la resistencia civil para defender sus tierras”, indicó.
Las empresas también desconocen que las comunidades en las que plantean establecerse en Yucatán están ocupadas por indígenas mayas, pero “no sorprende su desconocimiento”, aseguró.

En el caso del Istmo, recordó que se generaron conflictos , porque se careció de un dispositivo público para solucionar los problemas. Eso además afecta a las empresas, porque lo que buscan es estabilidad política, apuntó.

Las energías renovables son esenciales para el futuro de la humanidad; sin embargo, en México estamos en el inicio y es necesario aumentar la investigación social sobre la transición energética.

Algunos organismos como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacen una valoración deficiente de los impactos ambientales; aunque estos desarrollos se hacen en nombre del medio ambiente en realidad no se toman medidas para protegerlo. Sugirió hacer más investigación al respecto, “por medio de las subastas se autoriza el control y el acceso a los territorios; las subastas sólo realizan valoraciones técnicas y económicas, no de impacto social”, afirmó.

El proceso está viciado, las autoridades políticas no realizan el acompañamiento a los habitantes de la comunidad, ni los capacitan, por lo que los beneficios son inequitativos, la mayoría son para las empresas, manifestó.

Por otro lado, algunas de las empresas que invierten en Yucatán son coyotes; es decir, desarrollan el proyecto hasta cierto punto y luego lo “venden al mejor postor”.
“¿Qué pasará con la comunidad si el proyecto cambia de manos? ¿Y los contratos, quien se responsabiliza?”, cuestionó.

[b]México, rezagado[/b]

Los beneficios que se ofrecen a las comunidades son, como establece el relator de derechos humanos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, “paliativos inequitativos”. En México no se exploran otras posibilidades, como la participación accionaria y la formación de cooperativas energéticas, etc. México se está rezagando en ese aspecto. Las empresas se niegan a este tipo de participación comunitaria porque se pone en “riesgo de pérdida” a las comunidades, quienes cuentan con la propiedad de la tierra que es el recurso o capital más importante para este tipo de proyectos.

“Está en juego el nuevo sistema político del futuro”, porque a las transiciones energéticas han significado un profundo cambio social, político y económico, como el de las energías de la biomasa; el uso de energías fósiles generó la Industrialización y el auge del sistema capitalista. La cuestión, entonces, es ¿cuál es el papel de las comunidades en la construcción del futuro energético del país?