La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Sábado 25 de marzo, 2017

Con el exhorto a cambiar el actual modelo judicial que sustituye la voluntad hacia uno que acompañe a las personas con discapacidad en la toma de decisiones jurídicas, se realizó la conferencia “Juicio de interdicción a la luz del nuevo paradigma de inclusión social de las personas con discapacidad”.

En el marco del XXX Aniversario de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM), A.C., la magistrada de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carreón Castro impartió la citada conferencia magistral.

En la inauguración, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud reiteró el llamado a reconocer la capacidad jurídica y autonomía, de acuerdo a sus potenciales, de las personas con discapacidad.

“Hoy debemos transitar del modelo judicial de sustitución hacia el modelo de asistencia en la toma de decisiones, considerando en primer lugar las características y el tipo de discapacidad, el grado de entendimiento y expresión o comunicación verbal o no verbal, con lo que se fomenta, sin duda alguna, la participación y la toma de responsabilidades, tal y como ocurre con cualquier otra persona”, remarcó.

El [i]Ombudsman[/i], José Enrique Goff Ailloud recordó que uno de los principios básicos de los derechos humanos de las personas con discapacidad, tiene que ver con el reconocimiento de la personalidad y de la capacidad jurídica como formas de garantizar la libertad, la autonomía y la libre determinación.

Dijo que tradicionalmente, en México se aplica un modelo judicial que sustituye la voluntad de las personas con discapacidad por la de alguien más, independientemente del grado de diversidad funcional de las personas sujetas a este proceso.

“Hoy debemos transitar del modelo de sustitución hacia el modelo de asistencia en la toma de decisiones, considerando en primer lugar las características y el tipo de discapacidad, el grado de entendimiento y expresión o comunicación verbal o no verbal, con lo que se fomenta, sin duda alguna, la participación y la toma de responsabilidades, tal y como ocurre con cualquier otra persona”, remarcó,

Goff Ailloud pidió darle vigencia al artículo 12 de la Convención Internacional de las personas con discapacidad reconociendo el derecho a la personalidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás y asegurando que se respete su voluntad y preferencias de quien posee la diversidad funcional.

“Una igualdad que además fomente la vida independiente en la comunidad, y que les permita a las personas que se encuentran en este supuesto, decidir sobre sus propios intereses y tener control sobre sus propios actos”, expresó.

La magistrada de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carreón Castro, hizo un llamado a incluir a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida y darles las herramientas de acceso a la justicia.

“Yucatán es vanguardia pues ha generado acciones, ha generado una necesidad de visibilizar el tema de cómo podemos interactuar con una persona con discapacidad motriz, auditiva, visual y no solamente las personas con discapacidad, tengamos presente que México tiene que generar políticas públicas que los incluya”, remarcó.

En el marco de su ponencia, la especialista explicó que el juicio de interdicción es aquel que se tramita cuando una persona no tiene la capacidad de conocer el impacto de sus actos.

La especialista dijo que es necesario que todas las entidades federativas incluyan a las personas con discapacidad para que se respete su derecho a decidir caso por caso, y no aplicar una generalidad que vulnere sus derechos.

“No debemos tramitar, de primera instancia, un juicio de interdicción que anula el derecho a decidir de una persona; hay que ir construyendo junto con las autoridades involucradas en el tema este sistema de apoyos para ayudar a la persona con discapacidad para que se incorpore y a la vez irles quitando las barreras”, remarcó.

Respecto a los jueces que tienen a su cargo las interdicciones, comentó que es necesario que tengan la visión y el conocimiento del caso concreto que se le presenta parta generar los ajustes razonables y poder utilizar el derecho convencional como los principios generales del derecho para impartir esta justicia.


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