Emma, siempre sonría

Texto y foto: Eduardo Lliteras Sentíes
La Jornada Maya

Viernes 31 de marzo, 2017


Todavía tengo en la mente la imagen de la última vez que vi a Emma Gabriela. Sonreía, a pesar de las dificultades y la pesadilla por la que había atravesado en los últimos años; pero ahora tenía un trabajo en el Ayuntamiento –del que yo no sabía– y había recuperado a sus tres hijos. Ya tenía una casa.

Todo parecía ir bien, pero su mamá Ligia Canto, durante un encuentro en la Filey, me había dicho que tenía noticias de que el ex marido delincuente de Emma, Alberto Martín Medina Sonda, estaría por salir del penal de Tabasco, y la pesadilla podría reactivarse: ya se sabe, fabricación de cargos y expedientes para alguna detención en las “seguras” calles de Mérida, como les sucedió a ambas en el pasado para arrebatarles a los niños y encarcelarlas.

A Emma Gabriela la conocí, al igual que a su madre, en 2012, cuando prácticamente nadie quería hablar de la violencia institucional y del uso del corrupto aparato policiaco y de justicia de México en contra de ellas, cuyos tentáculos se extienden a Yucatán.

Emma, a diferencia de doña Ligia, era frágil, inclusive físicamente, pero igual de valiente. Su madre, quien ha demostrado una fortaleza impresionante y una solidaridad con Emma, a toda prueba y en los peores momentos, es una luchadora nata, una mujer que no se arredra ante nada y que denuncia las reiteradas amenazas de muerte de las que fue víctima su hija, ella misma y la familia, inclusive tras su vil asesinato.

Emma Gabriela, fue víctima de la violación sistemática de sus derechos humanos, cometida por servidores públicos, en diversos ámbitos institucionales. Todo esto forma parte de la violencia institucional que padece Yucatán y México, a pesar de la muy cantada reforma “oral” del sistema de justicia.

Para entender sus dimensiones, así como de la corrupción del sistema en que vivimos, hay que remontarse a las 4 de la tarde del viernes 25 de mayo de 2012: tres camionetas tipo Suburban conducidas con agresividad, se abrían paso hacia el auto que manejaba Emma Gabriela sin darse cuenta de nada. La gente pitaba molesta o de plano se hacía a un lado aterrorizada. Y no era para menos, en dichos vehículos viajaba un grupo de peligrosos agentes judiciales de Tabasco y de Yucatán, pagados por Martín Alberto Medina Sonda (lavador de dinero del gobierno de Granier Melo) para tomar por asalto el auto en el que viajaba Emma con los tres niños. En un alto, en una transitadísima avenida de la colonia México, se le cerraron, le jalaron los cabellos, mientras la encañonaban y la sometían a punta de pistola y de golpes.

Ese operativo delincuencial fue definido después por las autoridades como un operativo para resolver un conflicto familiar. Emma amaneció encarcelada en el penal de Tabasco, y de los niños no se sabía nada. La acusaron de retención ilegal de la camioneta de su esposo, y la encarcelaron cuatro meses a pesar de ser inocente.

Así había empezado la pesadilla para Emma, su madre y su familia. Les fabricarían otros expedientes y más detenciones. Doña Ligia terminaría detenida en Puente Grande, Jalisco, luego de una entrevista en un periódico de Mérida. Le orquestaron un operativo de la Procuraduría General de la República para detenerla en la noche y acusarla de dirigir a una banda dedicada a la clonación de tarjetas. La señora Ligia, tras ser detenida, viajó a lo largo de todo un día hasta Jalisco, sin comer, incomunicada, asustada. Después fue encarcelada 10 días en la misma cárcel de donde se escapó por primera vez [i]El Chapo[/i]. Un juez federal ordenó liberarla ante la falsedad evidente del expediente.

La pesadilla continuaba. Emma tenía que ocultarse, por temor a ser detenida en cualquier momento. Vivía con terror en Mérida, al grado de que tuvo que marcharse por una temporada. Tal era la inseguridad que padecía en esta ciudad, definida como remanso de paz y de prosperidad económica, excepción privilegiada, del convulsionado y violento México, país sin ley. Su madre Ligia, mientras tanto seguía dando la batalla legal para recuperar a los niños desaparecidos por su padre, a pesar de que la juez primero de lo familiar de Yucatán, Sandra Bermejo Burgos, no solo le negó el derecho a verlos, sino que el 18 de octubre de 2012 nombró tutores a los abuelos paternos Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel. El objetivo era quitarle la custodia a la madre en complicidad con el poder judicial local. También en el Caimede tuvieron problemas para recuperar a los niños. El tortuguismo oficial alargó la entrega de los menores, sin justificación válida.

Y claro, la protección policial nunca llegó, a pesar de la recomendación 54 de la CNDH al gobierno de Rolando Zapata para que otorgara protección a Emma. En el 2016 fueron inscritas en el Registro Nacional de Atención a Víctimas. Pero el gobierno estatal estaba muy ocupado en conseguir la aprobación del Escudo Yucatán y de sus mil 500 millones. Después pasó lo que ya se sabe: el feminicidio brutal de Emma, afuera de su casa.

[i]Mérida, Yucatán[/i]