Hubert Carrera Palí
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Viernes 21 de abril, 2017
“Sería pasado el mediodía de la primera semana de noviembre del año pasado cuando tres helicópteros de la PGR y dos drones irrumpieron la tranquilidad de la zona; los federales acordonaron el área y se dirigieron monte adentro portando armas de alto poder”, así describe Víctor Magaña la sorpresiva y espectacular llegada de la Procuraduría General de la República (PGR) al polígono donde se localizan las 630 hectáreas presuntamente propiedad Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, quien ayer fue declarado formalmente preso con fines de extradición en el vecino país de Guatemala.
En un recorrido de La Jornada Maya al lugar desde donde la PGR operó el ingreso a esa extensión, adquirida por Duarte a la familia Mouriño y que tiempo atrás pertenecieron una parte al ejido Lerma y otra a la familia Valladares, Víctor Magaña, propietario de una parcela contigua a las tierras incautadas , asegura que él nada tiene que ver con el ex mandatario veracruzano, aunque al interior de su terreno no pasa desapercibida una camioneta tipo estaquitas con placas XW-19-750 del estado de Veracruz.
El ingreso al lugar es en el kilómetro 188-189 de la autopista Campeche-Champotón. Una cancela de metal pintada a la usanza militar es la clave, así como parte del paisaje cubierto con flamboyanes.
La cancela está cerrada por una gruesa cadena, aunque carece de candado. Los grilletes son sólo un señuelo. Sin embargo, a un lado del acceso principal hay otro donde se observa que el alambre de la cerca sin duda fue cortado.
En el interior, a unos 200 metros, se encuentra la primera advertencia: “Se prohíbe el paso a personas ajenas a esta propiedad, a quien se sorprenda será consignado”. Inmediatamente aparece otra cancela, pero ésta completamente abierta. A la distancia, detrás de un pequeño cerro, se distingue un techo de lámina de asbesto y poco después una casa de bloques pintada en color blanco.
Ya frente a la casa, nadie contesta al repetido saludo. Estacionada a un costado se encuentra una camioneta con placas de Veracruz; junto a ella, motocicleta con placas de circulación LEJ-22. Poco más adelante se encuentran dos galerones, uno para almacenar granos o instrumentos de trabajo y junto a él un pozo; más adelante otro, en donde abrevan y comen algunos borregos.
De nuevo en marcha, saliendo de una curva, aparece una tercera cancela; frente a ella se levantan dos casas de material con servicios de agua y luz, mientras que a la distancia dibujan el paisaje cultivos de cítricos y una superficie de caña de azúcar.
Aparece el cuidador de otra propiedad, de aspecto rudo, con un paliacate en la frente, como muchos vaqueros, arrieros y vigilantes que residen en el campo campechano.
Una vez señalado el objetivo de la visita, inmediatamente afirma: “Este rancho no es de él, pertenece al contador Marte Negrín, aunque estamos en la zona aledaña a la propiedad que buscas porque el terreno de atrás que sale a Xpicop pertenece a Layda Sansores San Román y también está olvidado”.
Varios metros después, bajo el horizonte sólo se ven grandes extensiones de selva baja, “pero a corta, mediana o larga distancia no existe ningún terreno asegurado, acordonado, o custodiado por federales, ya que son más de 600 hectáreas”, asegura Víctor Magaña, quien recién terminó de hacer su guardaraya.
Sin embargo, recuerda una y otra vez ese día de noviembre en que tres helicópteros y dos drones casi rozan los árboles en su sobrevuelo, mientras buscaban ese terreno contiguo a las dos parcelas.
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