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del

Rafael Robles de Benito
Foto: Christian Ziegler / Ap
La Jornada Maya

Miércoles 03 de mayo, 2017


La gestión ambiental está llena de vericuetos y desviaciones. Algunos nos conducen a discusiones que no nos interesa tener, pero que resultan atractivas para muchas personas, por razones morales, o incluso místicas. Así, perdemos el tiempo decidiendo si merece la pena prohibir la operación de delfinarios, porque guardan en cautiverio personas no humanas, y mientras tanto no solamente desmantelamos negocios rentables, sino que dilapidamos esfuerzos y controversias en acciones que –la verdad sea dicha– poco o nada contribuyen a la conservación de los mamíferos marinos.

En tanto esto sucede, los recursos naturales que habitan el territorio nacional se nos escapan entre las manos ante el avance, al parecer inexorable, de modos de producción agropecuaria que poco o nada tienen que ver con las condiciones ambientales que imperan en lo que hoy es México. Las decisiones relacionadas con las formas mediante las cuales queremos construir un paisaje nacional sustentable son ignoradas tanto por los encargados de hacer las leyes como por los tomadores de decisiones, que determinan dónde poner los recursos que todos los mexicanos aportamos para la operación del Estado (dicho de otra manera, nuestros impuestos).

Se supone que hay un ordenamiento ecológico del territorio nacional, que debiera brindar las pautas generales para determinar qué merece la pena hacer en cada porción del territorio del país, y qué acciones debieran evitarse. También se supone que hay ordenamientos nacionales, que observando esos lineamientos generales, debieran estar orientando las acciones ejecutivas, las decisiones de política pública, y las acciones de autoridad, que normaran qué hacer y qué no en cada porción de las 32 entidades de México. Además, se han hecho diversos ordenamientos de alcance regional, como el ecológico de la costa del estado de Yucatán, por ejemplo, y algunos otros de carácter local, que cubren diversos municipios.

A pesar del esfuerzo que ha significado realizar estos ejercicios de ordenamiento de las formas en que los mexicanos deberíamos apropiarnos de nuestro territorio y sus recursos, las decisiones concretas acerca de dónde se emprenden actividades agropecuarias, o dónde se construyen obras de infraestructura de servicios, o dónde se establecen plantas industriales, se siguen haciendo sin orden ni concierto, respondiendo más bien a intereses particulares que a las condiciones ambientales imperantes.

Así las cosas, ignorando casi siempre la vocación que tienen los diversos paisajes del país para llevar a cabo una u otra actividad, se cambian los usos del suelo indiscriminadamente; lo que resulta en una creciente fragmentación de los ecosistemas nacionales, un incremento neto en la emisión de gases de efecto invernadero – en contra y a pesar de los esfuerzos por abatirla – y un incremento en la fragilidad de las condiciones que se requieren para garantizar la resiliencia y la permanencia de los tan festejados “megadiversos” ecosistemas del país.

Querramos que no, el ordenamiento ecológico del territorio, aunque lo reconozcamos como importante y necesario, es jurídicamente muy débil, y hasta ahora no ha habido autoridad –nacional, estatal, o local– capaz de convertirlo en conductor del desarrollo, o en disuasor del deterioro. En tanto no hagamos ordenamientos con fuerza de ley, y con “dientes” robustos, la sustentabilidad del desarrollo de la nación será solamente un discurso.

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
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