Justicia injusta

Joana Maldonado
Foto: Tomada de la web
La Jornada Maya

Lunes 8 de mayo, 2017

Cuando hace unos días, el niño Ángel Jacinto, diputado infantil de 12 años, de la comunidad indígena de Xcabil en el municipio de José María Morelos, recriminó a diputados que cualquier persona que robara una gallina para alimentar a su familia recibiría diez o más años de cárcel, mientras que los funcionarios que despojaron de recursos al estado continuaban impunes, tenía razón.

A mi hijo que casi cumple siete años, le he enseñado sobre lo justo y sobre las consecuencias de hacer las cosas incorrectas. No suelo llamarle castigos, le digo “consecuencias malas de actos incorrectos”. Entonces, él, como Ángel, como cientos de niños y niñas y ciudadanos, entendemos necesariamente que quien roba merece la cárcel como consecuencia y debe devolver en la justa medida, lo que hurtó.

Pero para la mayoría de los mortales que no tuvimos el privilegio de aprender leyes, la justicia es injusta. Nosotros, no podemos distinguir quién se roba 39 millones de pesos y quién ingresa a una farmacia con un arma de fuego para llevarse los dos mil pesos de la caja, son lo mismo.

Ambos tomaron dinero que no era suyo; pero si el recurso también era mío, dado que provenía de los impuestos que pagó al gobierno para que hagan bien su trabajo; quien lo hizo debe ir a la cárcel.

Pero la interpretación de las leyes es distinta; en el actual sistema de justicia penal, ambos pueden enfrentar el proceso bajo arraigo –si es la primera vez que lo hacen– y esperar el proceder de la “justicia de papel”, desde sus casas, en la comodidad de sus hogares y pasando a firmar periódicamente hasta que un juez de control decida cuál será la sentencia, que en el caso del funcionario público, puede ser de seis a tres años y en el caso del ladrón de seis años o una multa y reparación del daño; es decir, devolver lo que se llevó.

La justicia es tan absurda en Quintana Roo, y prácticamente en todo el país, que, por ejemplo, cualquier persona que robe una o más colmenas a un apicultor, enfrentará una sentencia de hasta ocho años de prisión y hasta 100 días de multa, mientras que quien robó millones de pesos del erario público, tendrá como máxima sentencia tres años, y a quien de casualidad se le ocurra abrir la correspondencia de su vecino, podría ser encarcelado hasta por dos años, por el delito de violación de correspondencia.

Sobre la reciente detención del ex Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, hijo del ex procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez, a quien se le atribuye presuntamente, un daño al patrimonio del estado por más de 39 millones de pesos, la mayoría estaría de acuerdo en que lo “justo”, sería que pase varios años en la cárcel y que, además, devuelva todo lo que se presume desvió en su momento.

Mauricio Rodríguez, una de las figuras más cercanas al ex gobernador Roberto Borge Angulo, es acusado de desempeño irregular de sus funciones cuando fungió como titular de la Seduvi, al haber expedido subsidios millonarios, para adquirir terrenos a muy bajos costos y fue detenido el pasado viernes en Cancún.

La decisión del juez de control al otorgar prisión oficiosa ha sorprendido a más de uno, pues “conforme a derecho”, el ex funcionario estatal que hasta el pasado viernes se desempeñaba como secretario general en el municipio de Benito Juárez, enfrenta acusaciones que no ameritan pena privativa de la libertad y ese asunto dará mucha tela para cortar a los detractores del gobierno de Carlos Joaquín, al asumir que es parte de un “show mediático”.

Aunque desde nuestra perspectiva eso suene injusto, técnicamente se hará justicia “conforme a derecho”, porque hasta hoy ninguno de los casos denunciados por el gobierno del estado probablemente amerite prisión de más de un día de reclusión en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, porque ningún delito que se les atribuye se considera “grave”.

Es complicado para un mortal que no entiende de leyes, asimilar que a eso también se le llama “justicia”, porque como precisa el presidente de la Asociación de abogados y abogadas de Chetumal, el litigante Héctor Hernán Pérez Rivero, los delitos como peculado, administración fraudulenta, uso indebido del poder y otros, no merecen pena privativa de la libertad; en cambio, el robo no es grave, pero es oficioso.

Y eso no es culpa del Estado, no es responsabilidad del gobernador ni tampoco de la actual legislatura, el código penal federal que tiene su origen en 1931, nunca ha considerado que los delitos de funcionarios públicos se tipifiquen como “graves”, como sí lo son, los delitos de violación, corrupción de menores, delincuencia organizada y homicidio o feminicidio.

Chetumal, Quintana Roo