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Gabriel Aarón Macías Zapata
Foto: Ap
La Jornada Maya

Viernes 12 de mayo, 2017


A finales de 2014 inició un éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos, con el propósito de aprovechar los últimos días de la política migratoria de ese país que les otorgaba un trato especial para ingresar y obtener la permanencia definitiva. Para tal efecto, bastaba entrar por la vía terrestre. En contraste, para evitar que los migrantes expusieran la vida en la peligrosa travesía por el mar, quien arribara por este conducto sería deportado a Cuba.

En los dos años siguientes la migración cubana que buscaba entrar a los EU utilizó la ruta centroamericana para llegar a su destino. Volaban a Ecuador y de ahí ingresaban a Colombia, cruzaban el istmo centroamericano hasta entrar a México y de ahí a territorio estadunidense. Sin embargo, en noviembre de 2015 Nicaragua cerró su frontera a la migración irregular, motivo por el que estalló una crisis migratoria, cuando miles de antillanos quedaron varados por el sucesivo cierre de las fronteras de Costa Rica, Panamá y Colombia.

Algunos contrataron a coyotes y se arriesgaron a internarse en la selva para burlar a los filtros fronterizos. Otros aprovecharon los “corredores humanitarios” que implementaron México, Panamá y Costa Rica, para trasladarse por avión a la frontera México-EU. Aunque estas acciones contribuyeron a disminuir la crisis, cuando Barack Obama eliminó la política migratoria “pies secos/pies mojados”, numerosos antillanos aún se encontraban en tránsito hacia el país del norte. Una vez que perdieron los privilegios migratorios, los países centroamericanos con presencia de migrantes irregulares, incluyendo a México, adoptaron actitudes que iban desde la deportación, la regularización y el cierre estricto de las fronteras.

Ante el peligro de reactivar la crisis migratoria previa, los países de tránsito volcaron sus esfuerzos para resolver el problema de los cubanos varados, además de prever el ingreso de nuevos migrantes irregulares.

Autoridades mexicanas y estadunidenses acordaron mantener el orden a lo largo de la frontera que comparten, además de impedir la migración ilegal desde la frontera sur de México. A la vez, había que remediar el estancamiento de numerosos cubanos que quedaron varados en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Chiapas, Veracruz y Nuevo Laredo. La mayoría aún mantenía la vaga esperanza de que Donald Trump revirtiera temporalmente el mandato de Obama, en vista de que el beneficio migratorio fue derogado cuando se encontraban en tránsito. Otra alternativa era que les concediera asilo político. Para tal efecto, México concedió a varios una prórroga por seis meses, mientras esperaban una resolución. Otros optaron por aventurarse a cruzar la frontera como cualquier otro mojado.

También inició la regularización migratoria de 588 antillanos estacionados en Nuevo Laredo. La idea era otorgar permiso para realizar actividades remuneradas, lo cual no suponía obtener la condición de refugiado o de asilado político. Aprovechando la ocasión, un funcionario michoacano los invitó a que se integraran al desarrollo económico del estado.

Panamá y Costa Rica eran países que habían sufrido en carne propia los efectos más notables de la crisis migratoria. En el primero aún había 449 cubanos, a quienes el gobierno panameño daba tres opciones: regresar a Cuba, volver al país de donde ingresaron o aplicar para una estadía en el país. Inclusive, a inicios de marzo pasado, Cuba y Panamá firmaron un convenio para deportar a los antillanos que permanecían en una situación irregular, además de procurar un mayor control migratorio y de tráfico de personas.

Costa Rica también buscaba resolver la situación de mil 200 cubanos estacionados, para lo cual solicitó a Cuba realizar un acuerdo similar al de Panamá. No obstante, enfrentaba el inconveniente de que la Sala Constitucional había declarado la suspensión de las deportaciones bajo el argumento de que corrían peligro en caso de regresar a la isla. El gobierno confiaba en revertir el fallo, toda vez que aseguraba que dicho temor era infundado. Hasta la fecha no se conoce una solución concreta, mientras que algunos cubanos se arriesgaron a cruzar la frontera por los “puntos ciegos”, con el propósito de alcanzar su destino.

Estos hechos muestran que para algunos migrantes antillanos la crisis migratoria aún no termina. Más bien, ha tomado otro rumbo, quizá más severo. Aunque en esta ocasión se presenta con un menor número de migrantes, su situación se torna más difícil porque los países de tránsito y de destino decidieron cerrar sus fronteras y a realizar deportaciones, es decir, de retirar el trato preferencial del que antes gozaban.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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