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del

Carlos Meade
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Lunes 29 de mayo, 2017

Llama la atención el entusiasmo con que se han recibido las declaraciones de los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, en relación a la responsabilidad que tienen los estadunidenses adictos a las drogas por la violencia en México.

Carlos Sada, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Gobernación, ha dicho que estas declaraciones representan un “avance sustantivo” en la forma como se percibe la problemática en el nuevo gobierno de Estados Unidos.

De nuevo, lo dicho por estos funcionarios y quienes replicaron sus declaraciones omite lo más importante: Lo único que asocia drogas con violencia es una legislación prohibicionista. Pensemos por un momento en otras drogas potencialmente poderosas y letales como el alcohol y el tabaco; su producción, comercialización y consumo son un drama mundial por los efectos en la salud de millones de personas, pero no están asociados a actos de violencia debido a pueden consumirse libremente bajo la responsabilidad y riesgo de quien las usa.

El clima permanente de violencia que priva en México no se debe, entonces, a los adictos, sino a la prohibición que lo único que provoca es un mercado negro en el que el binomio droga/violencia es una realidad cotidiana, y la única forma de romperlo es modificando la política prohibicionista, algo que ya se está haciendo, con alcances diversos, en muchos países del mundo, incluido Estados Unidos.

Un tema íntimamente asociado con el macabro binomio mencionado es el del asesinato de periodistas en México. No se puede afirmar que todos los crímenes contra comunicadores en años recientes hayan tenido como móvil silenciar a quienes investigan y publican información sobre las bandas del narcotráfico. Aunque en algunos casos se puedan acreditar, sin duda, móviles políticos, un alto porcentaje de ellos se deriva de la forma de control de la información que aplica el crimen organizado, resumido en otro binomio macabro: plata o plomo.

El asesinato de periodistas no es consecuencia directa del enorme mercado de estupefacientes ilícitos que representa la sociedad estadunidense sino, otra vez, la política prohibicionista. De esta manera, una medida necesaria para abatir esta violencia criminal contra el periodismo es avanzar en una legislación que ayude a regular este mercado y establezca mecanismos para atender los temas de salud derivados del consumo.

Las expresiones de violencia criminal, cada vez más delirantes, escalofriantes y desalmadas, seguirán siendo noticia en el contexto de la guerra contra el [i]narco[/i], que ha regado sangre inocente en todo el territorio nacional y que representa la mejor manera de exacerbar la violencia, sin reducir en nada significativo el volumen del negocio.
Producto de este clima de violencia, las víctimas principales son los jóvenes sicarios, que son carne de cañón, pero también caen soldados, policías e infortunados inocentes atrapados en tiroteos. Desde luego, los periodistas independientes que tienen el valor de publicar la verdad son también blanco del crimen.

Exigir al gobierno que garantice la seguridad de los periodistas no tiene ningún caso. Está visto que, hoy por hoy, con alarmante deficiencia, apenas puede ofrecer seguridad a sus propios funcionarios. El gobierno, en todas sus estructuras y ámbitos, está infiltrado por el [i]narco[/i], de forma que resulta una apuesta temeraria pretender que la policía pueda ofrecer seguridad a nadie.

La violencia del [i]narco[/i] es derivada de una ley prohibicionista y, por ello esta ley es la responsable. Culpar a los adictos o al [i]narco[/i] es no querer ver la causa de fondo y pensar que se puede reducir la demanda chantajeando a los consumidores y se puede desmantelar el mercado persiguiendo a los capos. El sentido común y la experiencia acumulada en las últimas décadas no dejan lugar a dudas: ninguna de estas medidas ha tenido el efecto esperado y la persecución de las bandas sólo ha sembrado un clima de violencia y terror que afecta a todos los habitantes, aunque sólo un pequeño porcentaje (que no pasa del 3 por ciento de la población) es consumidor de drogas ilícitas.

[i]Quintana Roo[/i]

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