Joana Maldonado
Foto: Afp
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 29 de mayo, 2017
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado (Cdheqroo), Harley Sosa Guillén, manifestó su rechazo al nombramiento de Julián Leyzaola Pérez como asesor operativo de Seguridad Pública en el municipio de Benito Juárez, dado su historial de violaciones a derechos humanos que demuestran que dicho funcionario no cuenta con las suficientes acreditaciones para desempeñarse de acuerdo a lo que establece el marco normativo constitucional.
En un pronunciamiento dirigido al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, Harley Sosa refiere su preocupación por la reciente designación del militar retirado Leyzaola Pérez, pues “se ha constatado reiteradamente la violación a los derechos humanos bajo su encargo en dependencias municipales de seguridad pública de otras entidades federativas”.
Recordó las recomendaciones 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 10/2011 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y la 23/2016 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en donde Leyzaola Pérez ha sido señalado como autoridad responsable por hechos violatorios consistentes en tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, además de la recomendación 04/2009 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana.
“Dado la magnitud de lo expuesto, no es ocioso recordar que una recomendación se emite una vez que el organismo público constitucional y autónomo defensor de los derechos humanos ha acreditado los hechos violatorios, a través de evidencias, testimonios, testigos y otros elementos que conforman el desahogo de una investigación apegada a derecho.
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por el contrario, al nombrar a Leyzaola Pérez en un cargo sensible que involucra atención ciudadana para la prevención de los delitos, se contraviene dicha obligatoriedad constitucional, pues el historial del ahora asesor operativo en seguridad pública en Benito Juárez, demuestra la falta de compromiso con los derechos humanos”, establece el ómbudsman.
“Extraña que el gobierno municipal de Benito Juárez Quintana Roo, haya desestimado este antecedente para ponerlo al frente de dicha encomienda (...) Es preciso señalar que el contexto actual en materia de seguridad de uno de los polos turísticos más importantes del país es preocupante, en razón de la creciente violencia perpetuada por el crimen organizado y que es necesario reforzar las acciones para combatir la delincuencia y prevenir ilícitos”, concluye el escrito.
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