Gobierno peñista, el más violento contra periodistas

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto tomada de la web
La Jornada Maya

Jueves 8 de junio, 2017

El informe de [i]Article 19[/i], organización no gubernamental británica fundada hace 30 años para defender la libertad de expresión, titulado [i]Libertades en resistencia [/i]registró que durante 2016 tuvieron lugar 426 agresiones contra la prensa.

“Se trata del año más violento para el periodismo en México”, según Article 19, quien ha documentado que el 53 por ciento de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. Incluyendo, dos ejecuciones extrajudiciales de periodistas. Article 19 documentó que más de la mitad de las agresiones, 257, fueron cometidas por funcionarios públicos o partidos políticos y 17 por el crimen organizado. De ellas, el 40 por ciento fueron cometidas por autoridades estatales; el 35 por ciento, por dirigencias municipales y el 25 por ciento, por federales, señala el informe que fue presentado en la Ciudad de México.

Entre las agresiones se sitúan amenazas de muerte, intervenciones telefónicas, acoso, hackeo de medios digitales, correos, violencia institucional, ataques físicos o materiales, hostigamiento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, violencia a medios de comunicación, etcétera.

Según [i]Article 19[/i], por tipo de agresión, los ataques físicos o materiales fueron mayoría, señala la organización un total de 81. Le siguen las intimidaciones, 79; las amenazas, 76; las privaciones ilegales de la libertad, 58; y los actos de hostigamiento o acoso, 58.

En lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto, 30 periodistas han sido asesinados. De acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la impunidad de agresiones contra la prensa es de 99.75 por ciento.

El informe de la organización británica va más lejos y en el capítulo Plata o plomo no sólo documenta la violencia física, asesinatos y cientos de agresiones, sino que aborda la creación de periódicos al servicio de los poderes públicos como manera de contrarrestar la labor periodística crítica.

[i]Article 19,[/i] además de documentar puntualmente las agresiones va al fondo del asunto: “el sexenio de Enrique Peña Nieto ha mostrado cómo el regreso del PRI ha signi?cado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los ?ujos de información. En estos cuatro años de gobierno se ha articulado la ejecución de múltiples medidas, desde diferentes ángulos y niveles de gobierno que han llevado a que en 2016 la libertad de expresión e información se consolide como un verdadero campo de batalla, donde las violencias —porque no es sólo la física— son cada vez más latentes”.

De allí que la creación de instituciones como la Feadle, el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de los Derechos Humanos y ahora en los Estados como Yucatán, de Unidades de Atención a Periodistas, resulten no sólo una simulación, una auténtica charada, sino una manera de enmascarar a los mismos funcionarios que cometen, no raramente, las agresiones contra los periodistas.

Asimismo, la organización afirma que “quienes ejercen la libertad de expresión en México tienen que enfrentarse a un terrero que de facto los pone en desventaja con su adversario. Quien decide expresarse conoce —de entrada— las reglas del juego: la primera, que en la mayoría de los casos los ingresos de los medios de comunicación dependen directamente del dinero público y, por lo tanto, el gobierno incide en las líneas editoriales y trunca los alcances de una expresión plural, objetiva e independiente; la segunda, que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina; la tercera, que la violencia contra la prensa tiene garantizada la impunidad y, la cuarta, que si estás fuera del sistema de información que prevén las tecnologías eres invisible y, por lo tanto, tienes que luchar para encontrar información”.