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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 12 de junio, 2017

Aún no empiezan las precampañas en Yucatán y ya tenemos las redes sociales inundadas de memes y videos representando al alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, y al presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Pérez Ballote, arrojando ácido en las calles de la ciudad, o al encargado del Despacho del Gobernador, Sergio Vadillo, emitiendo la “roloseñal” al cielo, donde aparece la silueta de un roedor.

Este escenario preocupa, ya que prefigura campañas donde prevalecerá el lodo y la calumnia por encima de cualquier propuesta y reflexión auténtica sobre el rumbo que debe seguir Yucatán, su capital Mérida, la justicia o los 106 municipios del estado.

Una manera de apelar a los instintos más bajos de los electores, pero también de eludir la confrontación inteligente sobre problemas como la corrupción, por encima de la propaganda y los insultos. La apuesta partidista sería al meme, al [i]fake news[/i] en Facebook, para evitar cualquier reflexión seria sobre el modelo de desarrollo, la desigualdad social que nos atenaza, el enriquecimiento ilícito desde el poder o la manera en que gobiernos y clientelas se reparten los presupuestos anuales.

Estamos ante una coyuntura que definirá el clima político-electoral en el que se desarrollarán las campañas y que hasta ahora se ha convertido en una bomba de relojería que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido (¿o querido?) desactivar.

La propuesta panista (realizada por el senador Gil Zuarth) de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, ha sido respaldada por otros sectores como el regidor perredista Tonatiuh Villanueva o el mismo presidente del PRD, Alejandro Cuevas, aunque algunos expresan sus dudas, bien fundadas, de la incapacidad de la autoridad federal para resolver los casos. Allí están los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sin ir más lejos.

Las mismas cámaras empresariales esperan que se investigue y dé con los culpables del ácido arrojado en las calles de la ciudad con el objetivo de dañar obras pagadas con recursos públicos y obtener ganancia política, lo que es totalmente inaceptable. Medrar con el perjuicio de la ciudadanía, de otros, desde el poder, debe tener un costo no sólo político, sino económico y personal para quien tuvo la idea de afectar las obras del Ayuntamiento. Ya vemos el desastre en que se convirtieron estados como Quintana Roo o Veracruz, precisamente por permitir que la corrupción y la delincuencia se alojaran y crecieran desde los mismos gobiernos, sin freno.

Pero, [i]a cui prodest[/i], ¿a quién beneficia el ácido y los daños infligidos a obras municipales? O quizá, si invertimos la pregunta, ¿a quién perjudica, en primera instancia? Hasta ahora, el primer damnificado sería el alcalde Vila y le seguiría Jesús Pérez Ballote. Después Sergio Vadillo, quien ha salido a diversos medios de comunicación a negar que tiene relación con el asunto, que se haya enriquecido ilícitamente y a ofrecer “transparencia” (aunque no ha puntualizado si publicando su 3 de 3 o la lista de convenios que gestiona con proveedores).

De allí que no suene nada mal la propuesta del regidor Tonatiuh Villanueva Caltempa, en el sentido de que la PGR atraiga la investigación pero también que, mientras no se resuelva si Sergio Vadillo o Pérez Ballote están involucrados, ambos presenten solicitud de licencia para separarse del cargo que actualmente tienen.

Coincidimos en que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga quien tenga que caer. No hacerlo nos acercará al estercolero quintanarroense o veracruzano.

Hasta ahora, el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, no ha dicho una palabra sobre el caso y ha dejado que el titular de la FGE, Ariel Aldecua, dirija las investigaciones.

Sin embargo, el alcalde de Mérida sí ha pedido al fiscal que actúe de manera imparcial en la investigación. “Le pedimos que no convierta esto en un tema político, como desafortunadamente se está tornando”, ha dicho Vila.

Papa caliente en manos del fiscal, no cabe duda, pero también un llamado a la sociedad, al Congreso, a los diputados, para que quienes combatan la corrupción o impartan justicia sean designados lo más lejos posible de los palacios. Tarea pendiente.

[i]Mérida, Yucatán[/i]

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