Codhey, omisa ante violencia contra mujeres

Pablo Rojas*
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Jueves 29 de junio, 2017


La última semana del mes de noviembre del 2016, el equipo de Yucatán Feminicida entregó a diversas dependencias, instituciones y autoridades del estado un informe sobre la situación del feminicidio en Yucatán. Se trata de un estudio que analiza los casos de muertes violentas de mujeres en la entidad y las acciones y omisiones del Estado en relación a la violencia feminicida en el periodo de 2008 a 2016. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) fue una de las instituciones que recibieron copia del informe mencionado.

Los hallazgos de la investigación fueron muchos y diversos, pero es fundamental señalar cuando menos dos:

1. El tipo penal de feminicidio, estipulado en el Código Penal Estatal, no contaba, hasta hace unos días de manera oficial, con tres causales esenciales para la definición de las razones de género, mismas que permiten identificar de forma adecuada cuando el asesinato de una mujer es un feminicidio.

2. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán no ha dedicado, hasta aquel noviembre, ni una sola investigación especial sobre la problemática de la violencia feminicida en Yucatán y mucho menos ha emitido recomendaciones, ni generales ni particulares, al respecto.

El día de ayer el ómbudsman, José Enrique Goff Ailloud, declaró, en respuesta al comentario que hizo la Adelaida Salas, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sobre la inexistencia de recomendaciones emitidas por la Codhey en materia de violencia contra las mujeres, que por supuesto han hecho recomendaciones, tanto en 2016, como en el presente año; sin embargo, olvidó mencionar que ni una de ellas se refiere al tema en cuestión: la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia feminicida.

Es necesario recordar que la Codhey, de acuerdo a la misma ley que le da origen, tiene la competencia de «Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en materia de equidad de género» y la facultad de emitir recomendaciones dirigidas a autoridades, como resultado de investigaciones sobre hechos que puedan constituir violaciones a derechos humanos, así como formular y proponer modificaciones legislativas necesarias para el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de estos mismos derechos.

Más aún, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se regula la Alerta de Violencia de Género (AVG), se especifica que los Organismos de Derechos Humanos de las entidades pueden ser solicitantes de la AVG. No obstante, la Codhey, pese a los ya 63 feminicidios documentados y la evidencia de violencia física y sexual contra las mujeres, nunca consideró necesario dichos mecanismos. De hecho, en declaraciones del mismo Goff Ailloud, realizadas apenas el 10 de junio a los medios, mencionó que, como los números de feminicidio no son de la misma magnitud como en otros entidades “no es indispensable establecer una alerta de género pero sí es indispensable trabajar en la prevención”.

Semanas más tarde, tras la solicitud que diversas organizaciones hemos realizado, el ómbudsman ha tenido que contradecirse.
Por otro lado, la Codhey únicamente ha realizado una observación (no recomendación) oficial en el Informe de actividades del 2016, sobre la grave omisión del Ejecutivo al no publicar, hasta aquel entonces, el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Yucatán. Si bien la observación es importante, incluso básica, me atrevo a decir, no tiene el peso que debiera de tener el trabajo de la Comisión frente a la renuencia y las omisiones de un estado que incumple sus propias leyes.

El programa fue publicado apenas el mes pasado sin metas por objetivo, sin indicadores de temporalidad para su cumplimiento y sin mecanismos concretos para la evaluación de los resultados del mismo. Sobre ello no hubo ni una mención de la Codhey.

Cabe señalar también, que el Programa, tal y como publicamos en La Jornada Maya hace un mes, debe de ser la herramienta de política pública que, por un lado, dirija las acciones en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y, por el otro, coordine las mismas entre las distintas dependencias de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Es urgente, en especial ahora con la solicitud de declaratoria de Alerta por Violencia de Género y con la situación de violencia que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos, que la Codhey se ponga a la altura de lo que se discute hoy y más importante aún, de lo que está en juego: el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una comisión que «observa» frente a un Estado que incumple sus obligaciones en materia de Derechos Humanos es igual a una ley diseñada para no aplicarse.

*Coordinador de Comunicación de Yucatán Feminicida

[b][email protected][/b] [b]yucatanfeminicida.org[/b]