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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 16 de julio, 2017


De puertas para afuera “hay que estar de parte del gobierno de turno”, decía pragmático y convenenciero el difunto Emilio Botín Sanz de Sautuola García de los Ríos, marqués consorte de O'Shea, quien fuera presidente del Banco Santander y principal actor de su transformación -en tres décadas- en uno de los diez o doce mayores bancos del mundo, con un puesto privilegiado en la City de Londres. Líder de la banca en la Eurozona y en Latinoamérica, incluyendo México, donde adquirió Banca Serfín en el 2000, Santander se ha expandido por Asia hasta convertirse en un ente financiero global como Citibank, HSBC o Bank of America, marcas globalmente conocidas del neoliberalismo bancario. Banca Santander opera en siete países latinoamericanos: Brasil, México -donde es el banco más grande-, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Puerto Rico.

La nueva presidente de esa superpotencia financiera mundial, con poder supranacional, se llama Ana Botín, hija del ya mencionado Emilio; se dice quiso ser periodista, aunque rápidamente abandonó el sueño guajiro luego que un familiar le dijo: “Los periodistas se mueren de hambre.

“Ante el aviso, Ana decidió seguir los pasos de los hombres de su familia: ganar dinero a paletadas”, cuenta el periodista Jaime Velasco Kindelán en su Emilio Botín y el Banco Santander: historia de una ambición.

Sin embargo, detrás de los poderosos Botín, se encuentran sociedades anónimas en las que se cobijan intereses económicos y políticos trasnacionales de las oligarquías nacionales, muchas veces inconfesables; algunas de ellas poco conocidas pero muy poderosas, como State Street Bank, Chase Nominees o Guaranty Nominees. Estos no suenan en la opinión pública, pero son los socios mayoritarios desde hace años, señalan expertos en la materia.

Entre los propietarios de los mayores paquetes de acciones se cuenta State Street Bank, uno de los mayores bancos custodios del mundo, que gestiona más de mil 240 billones de dólares procedentes de fondos de pensiones u otros vehículos de inversión.

Cabe señalar que este tipo de entidades están en la mira de la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal de políticos, empresarios y grupos del crimen organizado.

No es casual, tampoco, que el banquero Botín y su familia hayan aparecido en la llamada [i]Lista Falciani[/i] (con documentos de más de 30 mil cuentas bancarias de HSBC). Tras su publicación se supo que utilizaron diversos paraísos fiscales para evadir impuestos y mover ingentes cantidades de dinero, que según las estimaciones podrían haber superado los 2 mil millones de euros (La Jornada, 9 de febrero 2015).

Asimismo, según el periódico español [i]El Confidencial[/i] “el Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según la documentación del registro mercantil de Bahamas, el banco presidido actualmente por Ana Botín abrió 559 sociedades entre 1990 y 2015 a través de su filial Santander Bank & Trust (Bahamas) Ltd”. Y claro está, apareció en la lista de los Panama Papers.

Estos son sólo algunos datos del coloso y todopoderoso grupo bancario español que opera en México y contra el que decidió batirse en singular duelo judicial el ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el día que canceló el contrato de las lámparas chinas de AB&C Leasing que había firmado la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, dejando a la capital yucateca a oscuras y en manos de intereses privados sin mayor interés ni escrúpulos.

Era evidente que tal confrontación estaba abocada al desenlace dado a conocer en días pasados tras la “sorpresiva” votación (y giro de 180 grados) de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fallaron a favor de Santander para que los ciudadanos meridanos le paguemos a dicho banco cientos millones (aún por definir) por un servicio de muy mala calidad o de plano fraudulento, sin consecuencia alguna , claro está, para AB&C Leasing y mucho menos para Santander. Es decir, la casa gana todo, y sus poderosos hilos pasan por el Senado e instituciones como la SCJN.

El mensaje de la SCJN va más allá de Mérida y de la lucha por el poder a nivel local. Es para todos los municipios del país y gobiernos estatales que decidan rebelarse contra Santander y sus socios como AB&C Leasing. En el México neoliberal, tierra de expolio de intereses trasnacionales –incluidos los bancarios- nadie ose defender a los ciudadanos o los intereses de la ciudad que gobiernan.

Banca Santander es intocable, como los demás bancos extranjeros. Mientras tanto, el gobierno del estado, a través de su Dirección de Comunicación Social, patrocina la campaña local pagando desplegados y enviando boletines responsabilizando a Renán Barrera Concha del revés para Mérida. Como si no existiese responsabilidad alguna de la banca extranjera o de quien firmó el contrato por órdenes de los poderes fácticos que gobiernan al país y a los hombres en las instituciones que debieran defender a los meridanos y los mexicanos.

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