“Fuereños”, corrupción y hartazgo en la costa yucateca

Falta aplicar el Estado de derecho

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 3 de agosto, 2017


“¡Que se vayan todos, que se vayan!” …es el grito unánime de los pescadores de San Felipe, quienes secundaron el grito de los habitantes de Dzilam de Bravo de hace unos días: la exigencia es que salgan de su municipio los centenares de hombres traídos de otros estados para participar en la captura del pulpo y otras pesquerías.

“Están agotando nuestros mares para beneficiar sólo a un grupo de empresarios y además, la gente de San Felipe tuvo que intervenir para salvar a sus policías de la gente de fuera que no están acostumbrados a respetar a su autoridad”, dicen. También los acusan de intentos de violación de una menor y otros actos de agresión, en suma, de la inseguridad en el puerto.

La furia y el malestar fueron expresados a gritos al alcalde, Gabriel Enrique Marrufo Marfil, quien optó por refugiarse en su oficina de palacio municipal mientras los habitantes cerraron el ingreso por carretera a la población. La respuesta del gobierno del estado fue enviar una delegación para entrevistarse en privado con Marrufo Marfil y al menos 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Vialidad, las que ingresaron en la población llevando policías antimotines con el rostro cubierto y armas largas en las manos. Toda una demostración de poder que busca calmar los ánimos, amedrentar a los pescadores y controlar el estallido social de tonos xenofóbicos en un estado en el que las autoridades han promovido el discurso regionalista de tonos folklóricos frente a la descomposición del país, de la que pretenden sustraerse promoviendo, precisamente, la identidad y “los valores yucatecos”.

Mientras, los turistas que visitaban San Felipe, promocionado como un lugar idílico de belleza y tranquilidad por las autoridades turísticas y en redes, se encontraron con el espectáculo de la virulenta protesta y los gritos contra los “fuereños”.

La realidad es que los hombres del mar están hartos de las autoridades municipales, estatales y federales, por el nepotismo y amiguismo en la entrega de permisos de pesca por parte de la Conapesca y Sagarpa.

Hay clonación de permisos, acusan. Son los permisionarios, los empresarios, los que gracias a sus influencias y al pago de mordidas clonan los permisos de pesca y así aumentan el número de lanchas y hombres pescando.

Por eso también el hartazgo de los hombres de la costa yucateca, al ver que el beneficio de los recursos naturales se va para afuera, que beneficia a unos cuantos influyentes.

Mafias y depredación

El temor es que la depredación acabe con todos los recursos, que tantos hombres traídos “de fuera” acaben también con la paz y la seguridad, tan presumida por las autoridades para atraer más inversiones y por lo tanto más “fuereños”.

Las diversas especies de pepino de mar, que ya escasea, están en peligro de extinción por la imparable pesca furtiva para nutrir el insaciable mercado chino y a las mafias que desde Yucatán lo envían a la patria de Confucio vía Estados Unidos.

Las denuncias señalan que mucha de esa gente es traída al estado “para capturar de forma ilegal las especies marinas e inclusive el tráfico de drogas”, según nos dicen vecinos que pidieron el anonimato.

Cabe recordar que una millonaria operación de contrabando de pepino de mar, capturado ilegalmente en Yucatán y enviado a los Estados Unidos a través del territorio nacional gracias al apoyo de funcionarios corruptos hasta Tijuana, emergió luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security) anunció cargos contra tres personas, entre estos Ramón Torres Mayorquín y su hijo David, por introducir en el vecino país toneladas de esa especie por lo menos desde 2010, con un valor aproximado de 17.5 millones de dólares. Hablamos de una auténtica red de tráfico ilegal de pepino de mar que involucra a autoridades de Yucatán y de otras partes del país.

También están bajo presión el caracol, la langosta, el mero, nos dicen. A este ritmo no van a dejar nada, insisten.

Estamos ante un malestar acumulado a lo largo del presente sexenio, sin que la autoridad estatal siquiera asome el rostro por la zona: el gobernador tiene cinco años que vino, recuerdan.

En realidad, desde que inició el presente gobierno estatal, los problemas vinculados a las mafias que explotan ilegalmente el pepino de mar y otras especies comenzaron a estallar, particularmente en el municipio de Progreso.

Cinco años después, el problema se ha extendido a toda la costa oriente del estado, desde Dzilam de Bravo hasta San Felipe, donde la población ha externado su hartazgo con la llegada de “fuereños” que en algunos casos cometen ilícitos o agreden a los vecinos, según insisten los habitantes.

Autoridades sólo ven xenofobia

Los llamados de atención de la Codhey resultan por lo menos tendenciosos, al enfocarse exclusivamente en condenar la “xenofobia” y emitir medidas cautelares a los alcaldes de Dzilam de Bravo y San Felipe. Pareciera que llama al orden por interpósita persona o autoridad, soslayando el conflicto social, ambiental, político y de seguridad en el que tienen responsabilidad autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al respecto, el senador panista Daniel Ávila Ruiz dio a conocer que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que haya vigilancia permanente y así combatir la pesca ilegal en Yucatán. Dicho punto de acuerdo ya fue turnado a la Secretaría de Gobernación, para que se giren instrucciones a Sagarpa, Conapesca y a la Marina para que no se pesque pepino de mar, caracol o langosta de forma ilegal.

Asimismo, el senador apuntó que “se hace un exhorto al gobierno de Rolando Zapata Bello para que en coordinación con la Marina y con Conapesca haya vigilancia permanente en las costas de Yucatán para combatir la pesca ilegal de estos moluscos”.

Sobre el mismo tema, cuestionado por Infolliteras y La Jornada Maya, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Yucatán, Gustavo Cisneros Buenfil, indicó que el estado “tiene fama ahora de que ofrece oportunidades, seguridad, y muchos han llegado a trabajar en las pesquerías, en la costa y realmente trastornando la vida de las comunidades”.

El líder empresarial insistió en que se ha generado una situación que la sociedad tiene que denunciar y en la que también el gobierno tiene que participar activamente.

Cisneros Buenfil señaló que los alcaldes “de pronto encabezan movimientos en los que no atacan la raíz del problema; si bien todos somos mexicanos y nos podemos establecer donde queramos, si yo permito actos delincuencia, solapo, estoy coludido, entonces no hay forma de que haya una convivencia de forma normal”.

Insistió en que “lo que se tiene que hacer es aplicar el Estado de derecho. Ya hemos hablado con las autoridades, están conscientes de esto. Aquí hay que reconocer que se necesita el mando único, donde la SSP tendría que tomar el control (de las policías municipales de los municipios costeros), no se ha dado en muchos de los casos y tenemos muchas policías municipales que dejan mucho que desear y los presidentes municipales tampoco están ejerciendo su trabajo como debe de ser”, concluyó.

Mérida, Yucatán
@infolliteras