Simulación o democracia directa

Comités ciudadanos

Carlos Meade
Foto: Facebook @RedTulumSostenible
La Jornada Maya

Viernes 4 de julio, 2017

Hace algunos años era muy común escuchar que cuando un funcionario quería resolver algo le entraba directo al tema, pero cuando no, formaba un comité, el cual sólo servía para darle largas al asunto. Actualmente, los comités, consejos consultivos y otros mecanismos de participación ciudadana parecen responder a la misma lógica, a pesar de que ahora estas figuras, de acuerdo con la Ley de Planeación, deben fomentarse con el fin de democratizar la planeación del desarrollo y el ejercicio de su aplicación, en todos los ámbitos.

Todas estas instancias de deliberación pública están ahora reguladas por la Ley de Planeación y su Reglamento, y si nos basamos en sus principios encontramos elementos muy valiosos para democratizar el ejercicio del poder público. Desafortunadamente, estos principios son letra muerta a no ser que la sociedad civil se organice y se empodere, de forma que su presión obligue a la administración pública a crear los espacios de participación ciudadana.

Estamos en un momento muy especial en el que los órganos de participación ciudadana pueden funcionar como simples mecanismos de simulación o pueden hacer efectivo el ejercicio de la democracia directa.

En una iniciativa ciudadana reciente en el municipio de Tulum, un grupo de asociaciones civiles y personas han integrado la Red Tulum Sostenible y gestionan el establecimiento de la Comisión Municipal de Ecología con el objetivo de incidir en la grave problemática ambiental que se vive en la cabecera municipal, derivada del acelerado y desordenado crecimiento urbano. Con la iniciativa se está poniendo a prueba la funcionalidad de estos espacios.

Hasta el momento actual, la autoridad da largas y vive la participación ciudadana como un estorbo y una pérdida de poder pero, en realidad, otorga legitimidad, aporta a las soluciones e incrementa la gobernabilidad, con lo que el poder público se fortalece.

Un tema muy destacado en la conformación de comités es el de la representación de los diferentes sectores sociales. No existe una definición clara de cuáles son los sectores relevantes en cada área del desarrollo y tampoco están claros los mecanismos para garantizar la representatividad de cada uno de ellos. Además, se ignoran qué dependencias del gobierno deben participar en cada área y cómo establecer una paridad entre representantes de la sociedad civil y del gobierno.

Uno de los primeros ejercicios participativos a nivel federal fue el establecimiento de los Consejos para el Desarrollo Sustentable, convocados por la Semarnat y apoyados por el PNUD. En este caso, por exigencia del PNUD, estaban bien definidos los sectores y era necesario que cada uno eligiera a su representante de manera democrática.

Entre los principios en que está basada la Ley de Planeación destacamos el apartado II del artículo 2:

“… la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno”.

Con esto se entiende que los gobiernos de los tres niveles debieran promover la integración de consejos y comités, donde los ciudadanos podamos participar de forma corresponsable en las decisiones y acciones del gobierno.

En realidad, los mecanismos de participación rara vez son promovidos por las autoridades, al menos que sea una exigencia para el proceso de validación social de alguna política pública. En este caso se encuentran, por ejemplo, los Coplade (Consejos de Planeación para el Desarrollo), que deben instalarse para que los recursos federales puedan bajar a los estados y municipios.

El artículo 75 del Reglamento de la Ley de Planeación establece, de forma poco precisa, quiénes integran los consejos:

“Los consejos consultivos municipales estarán integrados por particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado que gocen de reconocimiento en sus diversos ámbitos.”

Resulta ambiguo aquello de “gozar del reconocimiento”. Se podría traducir en garantizar la representatividad de los sectores a través de procesos democráticos en la selección de participantes, pero también se presta a una gran discrecionalidad, lo que invalida la cualidad democrática, fundamental para la credibilidad de estos organismos.

Lagunas e indefiniciones en la incorporación de los principios de la planeación democrática, en nuestro marco legal, dejan una sensación de meros juegos de artificio y simulación que, paradójicamente, pueden convertirse en armas de doble filo cuando la sociedad civil los activa.

Tulum, Quintana Roo
[email protected]