de

del

Hugo Martoccia
Foto: Ilustración
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 14 de agosto, 2017

Parece que la última batalla que le resta al gobierno, para librarse definitivamente del pasado, es el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo). Se trata del organismo que tendrá en sus manos todo el proceso electoral local de 2018. Cualquiera que haya sido oposición al PRI en el estado, sabe que muchas veces ese organismo no ha sido otra cosa que un brazo más de la estructura electoral tricolor.

Por eso es fácil advertir que no va a ser una batalla sencilla. Un dato que pinta la situación: el próximo 17 de agosto se cumple un año del día en que la presidente del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo, ordenó que se capturaran datos de las listas nominales, cuando el proceso electoral aún no había terminado.

Un día después fue denunciada por ese hecho, incluyendo a otros consejeros electorales del Instituto. A pesar de que se trata de una falta de enorme gravedad, ha pasado casi un año y el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) aún continúan investigando.

En la misma denuncia está incluidos los consejeros Thalía Hernández Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot Pech. Los cuatro conforman una sólida mayoría de borgistas en el instituto, que hasta hoy opera impune.

Tres de ellos (sin incluir a Poot Pech) son investigados también por violencia de género contra la consejera Claudia Carrillo Gasca. Otro tema que va lento. Ambos casos ya están para acuerdo formal, pero no salen.

Ante la inmovilidad de las autoridades feudales que deben juzgarla, la presidente del organismo, Mayra San Román, mantiene el control de toda la estructura que decidirá sobre las elecciones locales.

Los partidos de la coalición de gobierno, PAN y PRD, así como Morena, consideran que no pueden dar esa ventaja. Pero se hace difícil avanzar y no ven un interés serio de los operadores del gobierno por meterse en el tema.

[b]La “mayoría automática” no alcanza para controlar todo[/b]

Para que se entienda de qué se trata, vale un ejemplo amplio. Desde el pasado 30 de junio uno de los cargos más importantes de la estructura interna del Ieqroo, la Dirección de Partidos Políticos, está acéfala. La razón fue la renuncia de José Luis González Nolasco, que estaba implicado en la denuncia por violencia de género contra la consejera Claudia Carrillo.

La renuncia del funcionario estuvo precedida de un escándalo que se mantuvo en secreto: utilizó, en su defensa ante la Fiscalía, a abogados del Ieqroo. Su propia jefa le dijo que lo mejor sería que diera un paso al costado.

Pero un mes y medio más tarde, no nombra a su reemplazante. La razón es muy simple: el reglamento de elecciones la obliga a tener cinco votos para nombrar al director, y no los tiene; su mayoría en el Consejo General está compuesta por cuatro consejeros y tiene tres opositores.

Como el interés es nombrar a alguien de su gente, no puede convencer a los consejeros que se le oponen, que son Claudia Carrillo, Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.

Ese es el tenor del intento de control que Mayra San Román quiere mantener sobre el Ieqroo, y la profundidad de la batalla que allí se debe librar.


[b]¿Cuál será la estrategia del gobierno?[/b]

A pesar de la situación, hasta el momento ninguno de los principales operadores del gobierno ha dado señales de que van a inmiscuirse en el tema; sin embargo, parece lógico pensar que es el momento justo. Mayra San Román, por su parte, ha tenido acercamientos con el gobierno, para mostrarse confiable.

El tema del Ieqroo es central, porque se conjunta con un asunto no resuelto del todo, que es el del Tribunal Electoral del Estado. Si bien se logró que Víctor Vivas deje la presidencia de ese Tribunal, la realidad es que la situación de fondo no ha cambiado mucho allí dentro. Sigue teniendo el control un grupo alejado del gobierno, y las posibilidades de sacarlos son prácticamente nulas.

Si se observa el accionar del gobierno en estos meses, parece haber dos versiones muy dispares sobre lo que podría pasar.

Una, la forma en que se resolvió la puja de fuerzas en el Congreso, al inicio de la gestión. La coalición de Gobierno utilizó todos los medios que tuvo para conformar una mayoría y quedarse con las comisiones más importantes. Hizo alianzas sin ruborizarse ni medir potenciales costos, y dejó al PRI y al Verde como fuerzas casi marginales.

Otra, lo que sucedió días atrás con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Allí no se impuso a un incondicional del gobernador Carlos Joaquín; incluso la decisión de que la presidencia quede en manos de Antonio León es una señal, de acuerdo con muchos grupos políticos, incluso con algunos opositores.

Esos serían los dos extremos. En el medio hay una gama de grises que se pudieran utilizar. Lo cierto es que en este momento parece difícil pensar que este Ieqroo, así como está, se convierta en el árbitro de la elección local de 2018.


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