Óscar Rodríguez
Foto: @IEPAC_Yuc
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 11 de septiembre, 2017
Luego de signar un convenio de capacitación y seguimiento con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPAC), el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Santiago Nieto Castillo, aseguró que “Yucatán es una entidad federativa con pocos casos de violaciones a la ley. Sin embargo, ello no significa que se omitan medidas preventivas”.
Santiago Nieto comentó que una de las irregularidades que se han registrado en la entidad es el llamado turismo electoral, el cual ha sido perseguido y sancionado por las autoridades correspondientes.
Al respecto, recordó que operadores del Partido de la Revolución Institucional (PRI) de Yucatán y Campeche fueron acusados de movilizar a cerca de 6 mil ciudadanos de distintos municipios yucatecos para sufragar en el estado de Quintana Roo.
[b]Engaño a comunidades[/b]
Detalló que a la fecha se han cumplido 478 órdenes de captura, de las cuales emitieron hasta el momento 38 y siete sentencias condenatorias y absolutorias, respectivamente. Asimismo, dijo que existen casos que están en apelación, además de haber 69 carpetas de investigación en curso. “Generalmente son personas de comunidades rurales engañadas por parte de actores políticos para movilizarlos. En muchas ocasiones no les pagan la contraprestación que les prometieron: trabajo o dinero. Entonces, lo que busca la Fepade no es criminalizar la pobreza, sino encontrar a los actores políticos”, sostuvo.
[b]Prevén aumento de delitos[/b]
Declaró que se espera que en los comicios del próximo año repunten los delitos electorales, pues del 2015 a la fecha se han incrementado en todas las elecciones el número de llamadas de quejas de los votantes.
“En el último proceso electoral se recibieron 4 mil llamadas; 2 mil de ellas del Estado de México el día de los comicios. Por ello, se prevé que aumenten los casos de delitos electorales en 2018”, detalló.
Comentó que entre los hechos delictivos más frecuentes se encuentran el financiamiento ilícito en las campañas, la compra del sufragio, la coacción de voto a cambio de programas sociales y el peculado.
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