Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 12 de septiembre, 2017

Las comisarías de Mérida, la mayoría de ellas mayas, han perdido autonomía desde hace 30 años, por las órdenes emitidas desde el Palacio Municipal de la capital yucateca, en las que por cambios constitucionales “no han sido para nuestro beneficio”, declaró José Euán Romero, habitante de Chablekal, durante el seminario Derechos Humanos a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, realizado el lunes en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEPCHIS UNAM).

“El Estado desmantela al pueblo”, manifestó Euán Romero, a través de cambios sin consultar a las comisarías en temas de normatividad, electorales y judiciales, en el que las decisiones se rigen a través de la ley estatal y “se desmantela nuestra forma de resolver un problema”.

Entre los ejemplos que puso fue la forma de resolver los delitos en las comisarías, en las que antes existía la figura del “juez de paz”, que se encargaba de tomar las decisiones las cuales eran acatadas por los habitantes, pero luego ese juez fue obligado a regirse por las normas estatales, en el que los afectados tienen que viajar hasta Mérida para acudir al Ministerio Público.

Otro de los aspectos que fueron modificados fue el sistema electoral de los comisarios, señaló. Cuando hace tres décadas se elegía en asamblea y en fila, la alcaldía de Mérida decidió cambiar la ley y obligarles a otro método de votación de sus autoridades. “Lo de nosotros, dicen, es usos y costumbres”, expresó.

Consideró que la creación del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) es para “meter candado” a las decisiones de las comisarías y municipios mayas. Ahora se busca la creación de un catálogo en el que se diga quién es maya y quien no, pero a Chablekal no lo consideran así, señaló.

“Piensa el Estado que estamos a un nivel menor, que el papá gobierno nos tiene que tutelar”, indicó. Por eso se obstaculiza su derecho a la libre determinación, y por lo tanto “seguimos siendo pueblos ocupados, invadidos”.

“No quieren que levantemos la cabeza, nos la pisan”, reconoció. “Quieren desaparecernos como pueblo, los particulares son los dueños. Llegan con el argumento de la modernidad y el desarrollo, pero ¿para quién?”

En Chablekal se han quedado sin monte ni territorio, porque las tierras han sido vendidas a los grandes empresarios, para construir desarrollos inmobiliarios como el Country Club, “en los que se nos prometió ‘desarrollo y trabajo’ pero los salarios son los más bajos. Somos esclavos en nuestra propia tierra”.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) Eduardo Batllori Sampedro, declaró que los integrantes mayas son sujetos de derecho público según la constitución estatal, por lo que pueden tomar sus propias decisiones, pero el ejido es un sistema obsoleto que fragmenta a los pueblos e impide que avancen en su autonomía y libre determinación.

Parte de esa autonomía del pueblo maya es el uso de recursos naturales que como la leña en el sur del estado o el camarón en la costa, en el que los megaproyectos sí pueden hacer uso de esos elementos, pero los indígenas no, porque se les restringe el acceso o son detenidos por las autoridades ambientales, a pesar de que sus método son más sustentables que los monocultivos de occidente.

El antropólogo Rodrigo Llanes Salazar habló sobre los problemas para completar la libre autodeterminación, como los megaproyectos energéticos y la falta de reconocimiento de los indígenas.

Señaló que en Yucatán se presume el crecimiento económico y la tranquilidad, que en comparación con el resto de México son ideas que nos hacen parecer en el “paraíso”, pero que no son sinónimo de bienestar y desarrollo humano, porque existen conflictos entre las comunidades, la pobreza y la marginación aún está presente, al igual que la migración y la especulación inmobiliaria.

“Es un mapa de conflictos, en la costa, en el sur, en el oriente, en la periferia de Mérida, que no se atiende”.


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