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Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 27 de septiembre, 2017

La propuesta de los concesionarios del transporte público, encabezada por el director de Minis 2000, Rafael Canto Rosado, de incrementar a 13 pesos el costo del pasaje, corresponde a una estrategia de poder político que los transportistas en favor del gobierno de Rolando Zapata Bello, de cara a las elecciones del 2018.

Un incremento de cinco pesos, seis si se considera el registrado a inicios de 2017, probablemente provocaría que el PRI pierda la gubernatura de Yucatán. Los usuarios no soportarían un alza tan súbita, sin que ésta ocurra a la par de un incremento salarial, lo cual se reflejaría en las urnas y posiblemente libere el camino de un PAN roto.

Pero, aunque parece una locura, en realidad se trata de una estrategia para que el sector tenga margen de maniobra durante las negociaciones. Eso permitirá que los transportistas cedan dos o tres pesos y dejar la tarifa en 10, como advirtió[i] La Jornada Maya[/i] el 21 de julio pasado.

Con esta medida los transportistas saben que Zapata Bello tendrá que aceptar sí o sí su propuesta, porque afirmarán que ellos “cedieron” en el alza. A cambio, el gobierno priísta ganará la confianza del músculo transportista en las elecciones del 2018.

El chantaje político para asegurar el apoyo es un ganar-ganar para el maridaje PRI-transportistas. Finalmente, los camiones cobrarán dos pesos más, que se irán a los bolsillos de los dueños, y el partido contará con ellos para movilizarse durante la campaña y jornada electoral.

Quien pierde es el usuario de los camiones. La lentitud en la que se aplica el Sistema Integral de Transporte Urbano (Situr), la falta de rutas en el sur y el periférico de Mérida, las ineficiencias operativas y en el servicio continuarán.

Aún con las inversiones del gobierno estatal, los conductores siguen jugando a las carreritas, provocan accidentes viales, y muestran mal humor con el usuario.

Los incrementos a las tarifas en años pasados no se han reflejado en una mejora real de las unidades, ni de los choferes, por lo que el posible costo de 10 pesos del pasaje sólo mantendrá el mismo sistema en el que se benefician políticos y dueños del transporte.

En otras entidades el servicio de transporte público es más barato que en la ciudad de Mérida. En la capital mexicana los camiones cobran según distancias, no con una tarifa única.

Si bien es cierto que Mérida ha crecido en los últimos 20 años, las opciones en el transporte público o alternativas no, ni siquiera han sido impulsadas por las autoridades municipales o estatales. Un metrobús o ciclovías reducirían el uso de este medio.

Para el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, es también una derrota el aumento al transporte público. En campaña propuso que el municipio volviera a ser el regulador, pero ha fallado.

Si no ocurre antes de las elecciones, el aumento seguramente se dará posteriormente a ellas, gane o pierda el PRI la gubernatura. Como ocurrió en el Estado de México.

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