Carlos Joaquín y su gabinete distante

Hugo Martoccia
Foto: Twitter @CarlosJoaquin
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 2 de octubre, 2017

Quizá nunca en la política de Quintana Roo un año fue tan largo. Luego de esa digresión de la lógica y la mesura que fue el borgismo, la llegada al poder de una nueva propuesta política generó tanta atención y expectativa que la percepción de los hechos pareció estirarse un poco más de lo normal. Incluso, un poco más de lo aconsejable.

La lógica indica que, para analizar el primer año de gobierno de Carlos Joaquín, hay que empezar por lo bueno. No se trata de una ofrenda periodística al gobierno; se trata de darle prioridad al regreso de una sensación de normalidad, luego de los nefastos años de Roberto Borge.

Lo bueno empieza, fundamentalmente, por el cambio en el clima político. No han terminado, ni terminarán, las batallas ni las presiones en el ámbito público, pero se puede ser crítico y opositor sin temor al destierro o la persecución. Y eso es mucho.

Al menos hasta hoy. No puede soslayarse, en este breve análisis, que cada vez son más los que hablan al oído del gobernador ofreciéndole el falso paraíso político de la censura o la cooptación de voluntades. ¿Para que aceptar la crítica, si la mayoría de los críticos sólo buscan participar de la comodidad del presupuesto?, dicen esas voces. Hay ahí una alerta amarilla.

[b]Apertura[/b]

No hay dudas de que la presencia del gobernador en el Congreso, durante su primer informe de gobierno, para escuchar las posturas de los grupos parlamentarios; o la transparencia en la comparecencia de sus funcionarios ante los legisladores, por ese mismo tema, son una bocanada de aire fresco a la democracia.

Ambos eventos, sin embargo, han dejado varias dudas. Las posturas de los grupos parlamentarios incluyeron, casi unánimemente, apenas una crítica liviana sobre la gestión. Las comparecencias de funcionarios tienen demasiados claroscuros. Algunos enfrentaron a los diputados casi como amigos. Otros, no fueron más que el blanco de un fácil lucimiento mediático para algunos legisladores. Ya volveremos sobre ese tema.

Hay apertura, entonces, pero apertura no significa, por supuesto, que no se ejerza el poder político por parte del gobierno, hasta los extremos que permite la legalidad y la legitimidad. Quizá el trabajo más importante de la sociedad sería cuidar que el ejercicio de ese poder legítimo no vulnere la sana convivencia democrática.
Al gobernador Carlos Joaquín, el Congreso le ha entregado, por unanimidad, un auditor, un fiscal, una fiscal anticorrupción, un contralor, y, por lo que se ve, el mismo apoyo recibirán todos los titulares de los órganos de control del Sistema Anticorrupción. También hubo, en otro ámbito, unanimidad en la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Carlos Joaquín no puede quejarse de falta de voluntad política de sus aliados ni de sus adversarios. Para la sociedad y los medios, sin embargo, hay ahí una tarea. En sistemas presidencialistas y verticalistas, la unanimidad empieza siendo un ejercicio de madurez política, y termina siendo obediencia y sumisión.

[b]La distancia del gabinete[/b]

Hasta el momento, quizá el gran déficit de la administración es la falta de densidad política del gabinete. Se lo dijeron al gobernador en el Congreso durante su Informe, y es una sensación que se percibe fácilmente, por ejemplo, en las redes sociales.

En este espacio se ha dicho varias veces: el gobernador es el primer fusible de cualquier traspié político o mediático de la administración, lo cual es un tremendo error. Sucedió con el tema de la fabricación de los uniformes escolares, entregados a una empresa poblana, y seguramente sucederá, en breve, con el tema Aguakan.

La polémica concesionaria de agua no paga la contraprestación de ley, pero ningún funcionario se digna a explicar por qué. ¿Cuánto falta para que la sociedad intuya un acto de corrupción, y termine cobrándoselo a Carlos Joaquín?

La realidad, sin embargo, es que a muy pocos de sus funcionarios le importa. La mayoría no está realmente comprometido con un proyecto, sino con el presupuesto y las bondades económicas de la administración pública.

[b]Las zonas oscuras[/b]

En ese gabinete están asentados los puntos más flojos de este primer año. La fabricación de uniformes escolares en Puebla, ya quedó claro, fue un error. Siempre se adujo que la razón que avalaba a la empresa eran sus precios y su capacidad de entregar los uniformes a tiempo. La fecha límite de entrega era el 31 de agosto, y no entregó el total de los 220 mil paquetes que debía. Discusión terminada.

Ese hecho rompe prácticamente todo el discurso del oficial mayor, Manuel Alamilla, que fue duramente criticado en el Congreso. La saña que varios legisladores exhibieron con el funcionario, da a pensar que su gestión en este gobierno ha terminado.

Otro gran problema de la administración está en Sintra. Su titular, Jorge Portilla, pasó a comparecer por el Congreso muy tranquilamente. Fue casi un amigo que pasó a tomar un café. Pero algo le dijeron. El presidente de la Gran Comisión, el panista Eduardo Martínez Arcila, le dijo una frase que engloba todo el problema: esa dependencia mide las ilegalidades con dos varas diferentes: no es lo mismo ser un Uber que una combi TTE.

Los primeros son perseguidos por inspectores y taxistas (un poder fáctico intocable en este gobierno) mientras los segundos hacen crecer día a día su imperio económico, que desquicia la vialidad de Cancún, y pone en riesgo la vida de miles de personas por día. Ese imperio económico, vale aclararlo, lo fundó Borge, y deja cientos de millones de pesos de ganancia por año.

[b]La seguridad[/b]

El otro tema que preocupa a todos es la seguridad. Quintana Roo está sumido en una guerra de bandas de la delincuencia organizada que no tiene un final visible. Y además, el crimen y la violencia urbanos, en algunas zonas, se han salido de control.

El gobierno recibió, es cierto, fuerzas de seguridad desmanteladas. Recuperar una estructura sólida en ese ámbito tiene un costo de entre 2 mil y 3 mil 500 millones de pesos, según lo quiera alcanzar.

Sin capacidad de endeudamiento (otra herencia de Borge, para no olvidar nunca lo que los malos gobiernos significan para una sociedad) la administración estatal busca recuperar poco a poco algún vestigio de control en ese ámbito. Será, sin duda, las más dura de sus batallas en lo que resta del sexenio.

Como se ve, el balance tiene sus claroscuros, como es lógico. La mejor noticia sobre lo que vendrá la dio el propio gobernador Carlos Joaquín en su informe: el pasado ya no puede ser una excusa, dijo.

Bien entendidas, esas palabras significan que su gobierno empieza realmente ahora. El primer paso sería cambiar a dos o tres funcionarios de su gabinete que se han convertido en un lastre insostenible.