Privatización de gobiernos y guerra sucia

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 3 de octubre, 2017

Se acercan cada vez más las fechas de las definiciones en materia de candidaturas de cara al 2018, en medio del río cada vez más revuelto de la política nacional y local. Los sismos que han azotado al país, junto a las inundaciones, han dejado como damnificados no sólo a cientos de miles de ciudadanos -que muestran el inaceptable rostro de la corrupción que vuelve a cebarse en los más pobres -sino a la clase política, a los partidos y sus dirigentes.

Los movimientos telúricos dejaron al descubierto la fractura social entre la sociedad mexicana y su clase política; esa falla que atraviesa el país de costa a costa y de una frontera a otra, de una península a otra. Ya se conocía su existencia, pero tras el desastre reciente –en el que la sociedad civil salió al rescate de los damnificados- se abrió un abismo que difícilmente cerrará, ni siquiera con el anuncio tramposo de la cancelación del financiamiento público a partidos.

Tramposo porque aprovechando los sismos, la clase política busca convertir la alianza de facto con el capital, nacional y trasnacional, en la única fuente legítima para hacer política privatizando de un solo plumazo los gobiernos y las cámaras, a las que accederán únicamente aquellos benditos con los recursos privados y empresariales suficientes para competir en campañas de las que se excluirán los intereses populares, carentes del dinero para pagarse un diputado o un gobierno.

Detrás de esta estrategia es difícil no ver a los poderes fácticos, la larga mano de las trasnacionales beneficiarias de las reformas del presente sexenio y sus socios mexicanos en la política y en el sector empresarial.

La cancelación total y definitiva del financiamiento público a los partidos políticos, y la práctica eliminación de la representación proporcional en el Congreso de la Unión, tienen el objetivo de convertir a gobiernos y Cámaras en expresión de intereses privados. Y punto.

A nivel local, en Yucatán, hay un candidato que algunos ven en la gubernatura a pesar de su extrema juventud, imberbe a pesar de su barba, pero cuyo padre está precisamente vinculado a esos poderosos intereses privados (a los que ha servido) que promovieron reformas como la petrolera, y que quieren taladrar en Yucatán, aunque ahora el gobierno de Rolando Zapata diga que el proyecto petrolero y gasífero en las costas del estado quedó cancelado, por el momento.

Quizá por eso quieren al junior en la gubernatura, para empujar el proyecto energético que se les ha enfriado, momentáneamente y de forma coyuntural, por las elecciones y el rechazo popular a la consecuente devastación de la costa yucateca. Tal vez por eso lo andan empujando en programas radiofónicos desde la Ciudad de México, queriendo convertirlo ahora en víctima de una supuesta “campaña mediática” de grupos priístas que “no estarían dispuestos a negociar” que el junior llegue al máximo cargo del estado por la directísima voluntad de su padre y sus negociaciones tras bambalinas, incluidas con el presidente Enrique Peña Nieto, y los poderosos intereses privados que lo arropan.

En un programa radiofónico de baja audiencia en Yucatán, pero con una figura muy conocida en el país, se han dedicado a elucubrar que el actual diputado federal y aspirante a gobernador se encuentra en la mira de una confabulación para sacarlo de la jugada, aduciendo que no es yucateco porque nació en la Ciudad de México.

Para algunos, esta guerra sucia es síntoma de indudable debilidad –incluida la encuesta pagada que lo sitúa a la cabeza de las preferencias, dada a conocer también con pitos y flautas en un programa de radio, pero local.

Quizá es el enésimo intento por bajarle el candidato al gobernador Rolando Zapata e imponerle al [i]junior[/i], aunque esto signifique sacrificar al amigo, quien ciertamente no ha cesado de crecer a la sombra de los pupitres pero tal vez muy lejos de los intereses que se tejen en las elucubraciones de los pasillos del poder en la Ciudad de México y del campo de golf en Mérida.

PD: Se dice que el secretario de Salud de Yucatán, Jorge Mendoza Mézquita, habría sido denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por Banorte, por pretender enviar la cámara hiperbárica del hospital O’Horán a Veracruz. No puede hacerlo sin la aprobación, primero, del Congreso local, por ser un bien público. Parece que Mendoza ahora sí cayó en su propio laberinto de mentiras.

[b]@infolliteras[/b]