Gustavo Castillo García
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 5 de octubre, 2017

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, legislación con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del Servicio de Administración Tributaria, congela cuentas bancarias de personas o empresas que presuntamente tienen algún vínculo con integrantes de grupos delictivos.

En la sesión de este miércoles los ministros aprobaron por cuatro votos el proyecto de sentencia propuesto por Jorge Mario Pardo Rebolledo, y con ello el máximo tribunal del país otorgó la protección de la justicia federal –dentro del amparo en revisión 1214/2016– a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken.

El ministro Pardo Rebolledo señaló que esta legislación viola los derechos de audiencia y de presunción de inocencia, y también se estableció que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional, porque los aseguramientos debe hacerlos el Ministerio Público y no la SHCP, cuando a una persona se le considera presuntamente relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este tipo de casos se han visto involucrados recientemente el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, a quienes la SCHP congeló sus cuentas bancarias por estar presuntamente relacionados con el líder de un grupo criminal con sede en Jalisco. La lista de las personas que tienen cuentas congeladas es confidencial, aunque presuntamente existen miles de casos.

La sentencia beneficia únicamente a Soluciones y Estrategias Wirken, aunque para recuperar sus recursos, depositados en ocho cuentas, deberá enfrentar también el aseguramiento que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada decretó el 24 de julio pasado.

El caso contra esta empresa inició el 5 de noviembre de 2015, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que congelara las cuentas de esa compañía y de un empresario abarrotero, identificado como José Guadalupe Lomas García.

Según los registros de la Procuraduría General de la República se inició una indagatoria el 6 de noviembre a raíz de una denuncia presentada por la SHCP debido a que la información recabada señaló que Soluciones y Estrategias Wirken y José Guadalupe Lomas García registraron una serie de operaciones dentro del sistema financiero mexicano, consistente en depósitos y retiros de recursos en las cuentas bancarias de las que son titulares la citada persona moral y física, con el posible objetivo de ocultar el origen y destino final de los recursos.


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