Homún y la esperanza renovada

Jorge Fernández Mendiburu
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

El pasado 7 de octubre, María de Jesús Patricio Martínez (también conocida como Marichuy), indígena nahua originaria de Tuxpan, Jalisco, se registró como candidata independiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones presidenciales de 2018. Previamente, en mayo, Marichuy había sido designada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), que aglutina a la mayoría de los pueblos originarios en México, como vocera representante a candidatura independiente para las elecciones federales.

A la par de quienes festejaron este ejercicio organizativo que pretende incorporar al debate público la situación que viven los pueblos originarios en México, ausente permanentemente de los discursos de los partidos políticos “tradicionales”, no faltaron las múltiples expresiones de racismo propias de aquellos mexicanos que siguen considerando que el criterio “racial”, origen étnico, nacional o el color de la piel, es el que determina el grado de capacidad, belleza, prestigio social, éxito, respetabilidad y posicionamiento en la escala social, como recogieron diversos medios.

El racismo sigue siendo un fenómeno alarmante en nuestro país que, en palabras de Fernando Navarrete, explica en buena medida la crisis económica y de seguridad que se vive en México. El hecho de que sus principales expresiones se generen en las relaciones interpersonales, no significa que el problema no sea sistémico y estructural, situación que directamente nos remite a las obligaciones que tiene el Estado para erradicar toda expresión de racismo y discriminación, sea ésta pública o privada. En esa tarea las autoridades en todos los niveles han fracasado, no solamente porque no se ha construido una política pública transversal para combatir este fenómeno, sino porque son muchas veces las instituciones estatales quienes impulsan o permiten prácticas que ahondan en las situaciones de exclusión y racismo que viven particularmente los pueblos originarios.

El caso de la granja porcícola que se pretende instalar en la comunidad de Homún es una muestra palpable de ello. El proyecto que intenta desarrollarse en una de las zonas más importantes de recarga hídrica del país, es también territorio donde se encuentran asentadas comunidades mayoritariamente mayas. Lo anterior, de acuerdo a la Constitución Federal, Constitución Estatal y diversos Tratados Internacionales, obliga a las autoridades de todos los niveles, antes que nada, a preguntarles a esas comunidades si dicho proyecto es compatible con su visión de desarrollo y sus prácticas culturales. No es un capricho ni una concesión, es un derecho que tienen los pueblos indígenas de México enmarcado en su reconocimiento como habitantes originarios de estas tierras.

Entonces, cuando hablamos de proyectos en territorio indígena, no se trata solamente de la necesidad de generar condiciones adecuadas de gobernanza, sino de construir alternativas de desarrollo a partir de las necesidades, opiniones y prácticas culturales de los pueblos, es decir una lógica inversa a la que ha impulsado el Estado en todo el país, en donde primero promueve o autoriza megaproyectos y luego, si bien le va a las comunidades, simula procesos de consulta para validar lo ya autorizado.

El racismo interpersonal asigna y justifica que ciertos roles tengan que ser cumplidos por personas indígenas (determinados tipos de mano de obra, por ejemplo), el racismo de Estado decreta que el desarrollo en el territorio indígena sólo puede gestarse a partir de la inversión privada de grandes empresarios, condenando a los pueblos originarios a ser la mano de obra barata de dichos proyectos. Así sucede en Homún, pero también en Chocholá, en Chablekal, en todas las comunidades donde se pretenden instalar parques de energías renovables o impulsar la siembra de monocultivos. Así sucede en todo el país, en donde los pueblos originarios se baten frente al Estado y las grandes empresas para defender su propia visión del mundo.

Como se puede observar, Homún no es un pseudo problema, sino la expresión de un problema estructural grave de racismo y discriminación que el Estado mexicano y la sociedad en general tienen que afrontar desde el reconocimiento y respeto de los derechos a los pueblos originarios. Si las instituciones no lo hacen que no extrañe que sean los propios pueblos quienes en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tomen las riendas de su propio destino.

En ese sentido, la candidatura de Marichuy es una noticia esperanzadora para los pueblos originarios en México. También lo es para los de Yucatán el proceso de auto-consulta realizado por el propio pueblo de Homún en donde determinaron que no quieren la instalación de la granja. Para quienes no están acostumbrados a que los indígenas se salgan del guión que históricamente se les ha asignado, esto tal vez resulte incómodo; pero para quienes pensamos que la diversidad es una fortaleza, ambos ejercicios son pasos enormes en la construcción de un país verdaderamente pluricultural.

Posdata: se acerca el Festival Internacional de la Cultura Maya 2017, que por cierto ha sido cuestionado por compañeras y compañeros mayas de Yucatán por usurpar el nombre, cuyo eje central será La cosmogonía y la preservación del planeta. ¿Respetará el gobierno estatal lo decidido por Homún en su proceso de autoconsulta? ¿o para ellos la cultura maya sólo tiene vigencia cuando deja generosos beneficios a las arcas estatales?. Pronto sabremos la respuesta.