Agencia Sim
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Playa del Carmen, Quintana Roo
Jueves 19 de octubre, 2017

La Comisión Nacional de Derechos Humanos está por emitir un diagnóstico de las Alertas por Violencia de Género decretados en el país, con el avance logrado en su atención y donde se incluirá a Quintana Roo, reveló el titular de este organismo, Luis Raúl González Pérez.

En entrevista, el ombudsman nacional, recordó que el estado está obligado a cumplir con las acciones que le recomendó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“Tiene que darse un seguimiento puntual”, explicó. “Estamos por dar un diagnóstico de las alertas en el país; ahí daremos a conocer el estado de las mismas”.

Señaló que uno de los temas preocupantes en la agenda nacional son los feminicidios, por los que tienen 27 procedimientos abiertos en 26 entidades federativas.

“En el tema de la violencia contra la mujer debemos poner un ‘hasta aquí’, para que haya igualdad y no más violencia”, declaró.

Otro tema que vigilan en la entidad es la libertad de prensa, pues la CNDH ya emitió una recomendación por un comunicador, que fue aceptada “con dificultades, porque no había total convencimiento”.

“La libertad de prensa es algo que debe respetarse en todo el país”, añadiendo, recordando que su organismo impugnó cinco artículos de la Ley de Protección a Periodistas, en los que la Suprema Corte les dio la razón.

Por otro lado, confirmó que las cárceles en Quintana Roo están reprobadas en materia de derechos humanos, con una calificación inferior al 5, por lo que es parte de lo que se debe mejorar, algo que el Gobierno del Estado tiene presente.

“Reconocer los problemas es importante”, declaró, añadiendo que ahora hay que resolverlo.

A nivel nacional, señaló que existe una situación muy preocupante, con más de 33 mil desaparecidos, tortura todavía como una práctica por parte de las autoridades, y trata de personas.

Rechazó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal esté dejando libre a delincuentes, pues aunque son menos los delitos que conllevan una prisión preventiva oficiosa, los jueces tienen la facultad de ordenar esta reclusión de forma justificada, de ser aportados los elementos suficientes.


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