Afp
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La Jornada Maya
Bruselas, Bélgica
Domingo 5 de noviembre, 2017
El procedimiento de ejecución de las órdenes europeas de busca y captura que pesan sobre el líder independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro de los miembros de su gobierno, destituido por Madrid, tiene varias etapas y puede durar hasta tres meses.
La fiscalía federal de Bruselas pidió este domingo a un juez de instrucción que decida sobre la detención provisional o no de Puigdemont, Maria Serret, Antoni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí, objeto cada uno de una euroorden emitida por la justicia española.
El magistrado dispone de 24 horas a partir del momento de su arresto para pronunciarse, es decir que debe hacerlo antes del lunes por la mañana.
Puede decidir emitir una detención -en cuyo caso las personas son enviadas a prisión provisional- o dejarlas en libertad, eventualmente con medidas cautelares o bajo fianza.
Los políticos catalanes, que están en Bélgica desde el pasado fin de semana, se presentaron voluntariamente este domingo poco después de las 09:00 locales (08:00 GMT) en la comisaría de la policía federal en Bruselas.
Estas cinco personas, al igual que los nueve miembros restantes del ejecutivo regional catalán, son investigados por la justicia española por "rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia a la autoridad".
Una vez que el juez de instrucción se pronuncie, corresponderá a la cámara del consejo tomar, en un plazo de 15 días, una decisión sobre la ejecución de la euroorden.
En ese momento, tanto la fiscalía como la persona concernida pueden recurrir ante la cámara de acusaciones, lo que abre un nuevo plazo de 15 días.
Al final del procedimiento, existe todavía la posibilidad de un recurso extraordinario en última instancia. En este caso, la jurisdicción dispone también de 15 días para dictar su decisión.
Según el ministerio de Justicia belga, la decisión final debe tomarse en un plazo de 60 o de 90 días "en circunstancias excepcionales". Si se decide ejecutar la euroorden, la persona debe ser entregada en un plazo de 10 días al Estado que pidió su busca y captura.
"Existen casos de rechazo", señala el ministerio belga. Pero según los abogados contactados por la Afp, estos casos son poco habituales.
El abogado belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, podría alegar el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales, en particular el riesgo de no tener un juicio justo en España.
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