Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 7 de noviembre, 2017

La administración encabezada por Rolando Zapata Bello registra un probable daño a la hacienda pública de Yucatán por 825 millones 540 mil pesos, por no presentar la documentación comprobatoria original del ejercicio de esos recursos, según el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 Segunda Etapa, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentado el martes pasado por el auditor Juan Manuel Portal, en la Cámara de Diputados de San Lázaro, en la Ciudad de México. En una revisión del documento de la ASF realizado por La Jornada Maya e Infolliteras.com de las 664 auditorías practicadas a los gobiernos estatales y el gobierno federal se descubre que el gobierno de Rolando Zapata Bello “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016” y “no ejerció el 8.5 por ciento de los recursos transferidos lo que generó opacidad en el manejo de los recursos”. La ASF pidió las investigaciones pertinentes al gobierno del estado de Yucatán y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos reportadas a continuación.

Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1706 1706-DE-GF, la Auditoría Superior de la Federación “revisó una muestra de 7,918 millones de pesos, que representó el 68.4 por ciento de los 11,572 millones pesos transferidos al gobierno del estado de Yucatán mediante las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno del estado no había ejercido el 8.5 por ciento de los recursos transferidos; ello generó opacidad en el manejo de los recursos”, afirma.

Según la ASF “en el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación, por no presentar documentación comprobatoria y justificativa original, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 825 millones de pesos, el cual representa el 10.4 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.

La ASF es muy clara y contundente: “el gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

La ASF señala que entre las principales irregularidades detectadas en la revisión se descubrieron falta de acreditación del pago a terceros, falta de documentación comprobatoria del gasto, recursos no entregados a los ejecutores y municipios e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores y municipios, así como otras irregularidades.

En la revisión del desglose de las irregularidades descubiertas por la ASF, se informa que “el gobierno del estado presentó diferencias por 122 millones de pesos, entre los registros contables y la información financiera presentada en la Cuenta Pública”.

Además, “el gobierno del estado no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa original de la muestra seleccionada de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales en virtud de que quedó pendiente por comprobar un monto de 9 millones 831 mil pesos”.

La ASF dice que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 9,830,926.34 pesos (nueve millones, ochocientos treinta mil novecientos veinte seis pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de participaciones, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa original de los capítulos de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), respecto de los recursos de las Participaciones Federales 2016”.

Asimismo, “el gobierno del estado no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa original de la muestra seleccionada del capítulo de gasto 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, en virtud de que quedó pendiente por comprobar un monto de 621 millones, 552 mil pesos”. Entre los entes que no han cumplido se cuentan, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán (174 millones), el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (23 millones), el Instituto de Historia y Museos de Yucatán (22 millones) o la Secretaría de Salud (274 millones), entre otros.

La ASF afirma que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 621,552,485.25 pesos (seiscientos veintiún millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de participaciones, por presentar parcialmente documentación comprobatoria y justificativa original de los capítulos de gasto 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)”.

Puntualiza que “el gobierno del estado no dispone de la documentación comprobatoria y justificativa original de los gastos realizados con recursos de Participaciones Federales 2016 de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” por un monto de 10 millones 943 mil pesos”.

Señala la ASF que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 10,943,165.96 pesos (diez millones novecientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos 96/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por no disponer de la documentación comprobatoria y justificativa original de los capítulo de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), respecto de los recursos de las Participaciones Federales 2016”. Asimismo, la ASF afirma que “el gobierno del estado no presentó documentación comprobatoria y justificativa original de la muestra seleccionada del capítulo de gasto 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por un monto de 13 millones 360 mil pesos”. Explica que “de la revisión a la muestra seleccionada, el gobierno del estado no canceló la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 2016 con la leyenda “Operado”, como se establece en la normativa aplicable”.

“La Secretaria de Educación del gobierno del estado de Yucatán (SEGEY), excedió el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2016 por un importe de 41 mil 400 pesos a 20 trabajadores”. Dichos trabajadores aparecen con el puesto genérico de “inspector de educación terminal” pero no se añaden nombres y apellidos.

La ASF dice que de la muestra seleccionada a la nómina de 19 dependencias pagadas con recursos de Participaciones Federales 2016, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), pagó el concepto “Compensaciones Especial (CO/CG)” por un importe de 14 millones 565 mil pesos, que no está autorizado en el tabulador de percepciones autorizadas para el ejercicio fiscal 2016”.

[i]Continuará...[/i]


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