Sin precisar nada

Irregularidades zapatabellistas

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 13 de noviembre, 2017

De lengua me echo un taco o, mejor, una docena. Todo se subsana en un boletín. En una nota para “precisar”, sin precisar nada. Como sucedió en las declaraciones a La Jornada Maya del titular de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) del Estado, José Miguel Fernández Vargas, quien pareciera más preocupado por justificar de oficio al gobierno de Yucatán, que en investigar las irregularidades en la aplicación de los recursos federales entregados con prodigalidad al Ejecutivo yucateco. Declaraciones que no explican nada sobre las numerosas irregularidades e incorrecta aplicación de los recursos que ejerce el Gobierno del Estado de Yucatán, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaladas con detalle en notas publicadas en La Jornada Maya e Infolliteras.com, basadas en el análisis pormenorizado del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Fernández Vargas argumenta que se entregó toda la información correspondiente a los 825 millones de pesos que la ASF descubrió como probable daño patrimonial “en tiempo y forma”, lo que es falso, ya que debió haber sido en el momento en que lo requirió la Auditoría Superior, aún cuando legalmente el gobierno de Rolando Zapata está en tiempos legales para solventar las observaciones, pues, de no de hacerlo, habría que proceder a investigar y sancionar a los funcionarios involucrados, como de hecho le pide la ASF en el caso del aumento estratosférico de costos del Palacio de la Música, en más de 91 millones de pesos.

Cabe recordar que hablamos apenas de una muestra del dinero entregado por la Federación al gobierno de Rolando Zapata Bello. Es decir, la ASF no revisó todas las cuentas estatales, el 100 por ciento del dinero entregado a manos de tantos funcionarios que a toro pasado, y tras las numerosas observaciones realizadas por la ASF, ahora resultan muy eficientes, según el contralor estatal.

Si la ASF hubiera revisado el 100 por ciento de los recursos, muy seguramente hubieran surgido más irregularidades y el monto de lo que se presume como daño patrimonial, habría crecido. No cabe duda, revisando el largo listado de irregularidades detectadas en las notas publicadas anteriormente.

La ASF fue muy clara y afirmó que revisó una muestra de 7 mil 918 millones de pesos, que representó el 68.4 por ciento de los 11 mil 572 millones de pesos transferidos al Gobierno del estado, mediante las Participaciones Federales 2016. Y descubrió un probable daño a la hacienda pública por 825 millones 540 mil pesos.

La ASF fue contundente al señalar que “el Gobierno del estado de Yucatán no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

Que ahora el contralor diga que “la Contraloría General del Estado realiza los esfuerzos necesarios para garantizar a la ciudadanía en todo momento una correcta aplicación de los recursos que ejerce el Gobierno del estado y que lleva a cabo los procedimientos administrativos de responsabilidad administrativos de responsabilidades, conforme a la normatividad aplicable”, es una declaración de buenos propósitos que no se sostiene a partir del muestreo realizado a través de las auditorías practicadas por la ASF. Y que el Congreso de Yucatán, sociedad civil, cámaras empresariales, partidos políticos de oposición, el Instituto de Transparencia de Yucatán, deberían exigir aclarar pormenorizadamente a los funcionarios del gobierno estatal, no con un boletín, sino con una revisión u otras auditorías aplicadas a los gastos del gobierno saliente de Rolando Zapata Bello.

Por ejemplo, la ASF puntualizó que el Gobierno del estado no presentó expedientes unitarios de adquisiciones por arrendamientos y servicios de la muestra seleccionada por un importe de más de 146 millones de pesos, por lo que no fue posible constatar los procesos de adjudicación y contratación, así como los entregables de los bienes servicios adquiridos.

Respecto al Palacio de la Música (Centro Nacional de la Música) la ASF determinó que subsisten las observaciones respecto al aumento injustificado del costo de la obra en más de 91 millones de pesos, “en virtud de que el gobierno de Yucatán aún cuando entregó la ampliación de las fianzas de cumplimiento y del anticipo otorgado del 30.0 por ciento, no proporcionó la documentación con la justificación técnica en la que se sustentan los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados en el catálogo original del contrato, ni los documentos donde Conaculta indica los cambios del proyecto original, dado que éste fue sometido primeramente para su evaluación y autorización donde se determinó que dicho proyecto cumplía con las necesidades requeridas de inicio con la cual se licitó la obra, tampoco presentó los estudios de acústica que realizó Conaculta para modificar las áreas y que motivaron los cambios de los procedimientos constructivos. Y en lo que respecta al indirecto no presentó el cálculo que acredite que la contratista obtendrá una diferencia favorable”.

De allí que le ordene al gobierno de Rolando Zapata Bello investigar y sancionar a los funcionarios involucrados por el aumento del costo de la obra de unos 100 millones de pesos a más de 191 millones.

Los diarios nacionales en días pasados publicaron las numerosas irregularidades detectadas por la ASF en las cuentas de los gobiernos de los estados del país, en la mira por el escandaloso despilfarro y corrupción detectados que se han traducido en 16 ex gobernadores procesados o prófugos.

Quizá por eso ya son muchos los que no quieren que el auditor Juan Manuel Portal repita un segundo período frente a la ASF. Para completar el cuadro de medallas de la impunidad en México, encabezada por la destitución del titular de la Fepade, y seguida por la falta de nombramiento de fiscal anticorrupción y del nuevo titular de la PGR.

@infolliteras