Fabiola Martínez y Alonso Urrutia
Foto: Marco Peláez
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 16 de noviembre, 2017

En una ceremonia privada, cerrada a medios de comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto promulga en Los Pinos la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Esta ley fue aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores en abril y octubre de este año, respectivamente.

Un mes con cuatro días después, el presidente promulgó su entrada en vigor, al tiempo que grupos civiles manifestaron su inconformidad por la falta apertura a la ceremonia.

Peña Nieto afirmó que este nuevo marco legal pone fin a décadas en que no se había querido reconocer un problema que ataca a la sociedad, establece una base sólida para sistematizar un esquema de búsqueda de desaparecidos y pugna por hacer justicia a las víctimas de desapariciones forzadas.

Ante organizaciones sociales que poco antes habían expresado su dolor y preocupación por este fenómeno en México, Peña Nieto dijo que habrá un plazo de 60 días para realizar un conjunto de acciones que sistematizará la instrumentación de esta legislación, entre ellas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que conducirá las acciones, y la conformación del Registro Nacional de Personas Desarparecidas, entre algunas de las principales medidas que se desprenden de la legislación.

Peña Nieto reconoció que la desaparición de un hijo, un hermano, un padre, es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una persona, por ello, patentizó su solidaridad con los familiares de las víctimas a quien también les expresó que tienen el legítimo derecho de que se les haga justicia.

Para Peña Nieto, con la promulgación de esta ley habrá un antes y un después en el tema de las desapariciones forzadas, pero admitió que el marco legal es apenas un primer paso al que deberán seguir un conjunto de acciones que hagan efectiva su aplicación. Adelantó que respaldarán a los congresos y gobiernos estatales para que a su vez instrumenten las acciones corresponsables en el plano local, sobre la base que enfrentar el problema de las desapariciones involucra a los tres niveles de gobierno.

El mandatario subrayó en varias ocasiones que la construcción de este nuevo marco legal que regirá en materia de desapariciones forzadas no hubiera podido concretarse sin el impulso que dieron las organizaciones sociales, su aportación fue fundamental para elaborar una legislación que, destacó, fue aprobada en el Congreso por todas las fuerzas políticas sin excepción.

Poco antes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera destacó que es un día muy importante porque la promulgación de la ley significa la sistematización de la actuación del Estado para enfrentar un fenómeno sobre lo cual reclamaba la sociedad desde hace mucho tiempo. No es que no se pudieran realizar acciones respecto a la desaparición de personas, sino que era un verdadero galimatías realizarla para enfrentar el problema de la desaparición forzada.

Destacó que desde 2015 la Ciudad de México aprobó una legislación que permitía mayor coordinación entre dependencias capitalinas con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer más eficaz la búsqueda de personas con lo cual desde entonces se ha podido integrar 109 expedientes e identificar ya a 42 personas.

Señaló que se buscará que este esquema, en el marco de la nueva ley general se pueda replicar en el resto de las entidades situación que se impulsará desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que actualmente preside.


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