Sintra y taxistas contraatacan a Uber

Hugo Martoccia
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Lunes 11 de diciembre, 2017

La iniciativa de Ley de Transporte que llegó el pasado martes al Congreso de estado causó sorpresa, duda y preocupación en los diputados.

No es para menos. La avala la firma del gobernador Carlos Joaquin, pero su contenido está tan lejos de una reforma de fondo en el tema, que parece más bien un error, una provocación, o una estrategia para dilatar un tema que es política y electoralmente complejo.

Entre sus propuestas, esa iniciativa tiene dos muy polémicas: propone la legalización de las combis de Transporte Terrestre Estatal, las famosas TTE, y mantiene todos los frenos que hoy tiene Uber para entrar al estado.

Para que se entienda con claridad: en el tema Uber, la iniciativa firmada por Carlos Joaquin es letra por letra igual a la última reforma que hizo Roberto Borge, que prácticamente criminalizaba a la multinacional.

Y es aún peor en el caso de la TTE. Se le concede estatus legal a un empresa vinculada directamente a Borge, irregular desde su inicio, y que ha causado un enorme daño al transporte en Cancún.

Cuando los diputados comenzaron a leer la iniciativa no lo podían creer. Nunca imaginaron que el Gobierno pudiera presentar un proyecto tan lejano a la Ley de Movilidad que apoyaron casi todas las fracciones parlamentarias. Incluidas, por supuesto, las de la alianza de Gobierno.

“Una aberración”, dijo, sin ambages, un diputado de esa alianza, con la iniciativa en la mano. Los legisladores creyeron ver detrás del tema los intereses del titular de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) Jorge Portilla.

Para nadie es un secreto que el funcionario se siente más cómodo con las reglas escritas y no escritas de las relaciones con los sindicatos de taxistas, que con la prepotente e inasible Uber.

[b]La presencia del gobernador[/b]

Otra versión, sin embargo, propone una mirada más amplia. ¿Puede el gobernador ser ajeno a esa propuesta, cuando cuenta con su firma? Según esa versión, el mandatario estatal habría propuesto esa iniciativa para que, al mezclarse con la de los diputados, mitigue un poco el enojo de los taxistas.

El Sindicato de Taxistas es un activo electoral importante cuando hay elecciones en el horizonte.

Los diputados, sin embargo, no se han dejado amedrentar. No hasta ahora, al menos. Hasta los legisladores oficialistas dicen que lo único rescatable de esa iniciativa tiene que ver con la sanción que propone para que aquellos taxistas (y, más ampliamente, concesionarios del transporte público) que estén involucrados en delitos, pierdan la concesión. Nada más les interesa

El tema de fondo es que nadie entiende qué sucedió. La iniciativa del gobernador fue firmada el 3 de de noviembre. ¿Por qué se presentó un mes más tarde, cuando la discusión era ya otra? No se sabe. Todo son dudas e incertidumbre.

En ese punto hay una queja explícita de los diputados. Sienten que la discusión se ha extendido y sería muy difícil aprobar la nueva ley, cualquiera sea, este año. Hay quien sospecha que ese sería el objetivo de todo esto. Suponen que se quiere menguar el grado de conflictividad de los taxistas, y estirar la solución para más adelante.

No sería extraño. Las últimas expresiones de los taxistas contra Uber no reconocen ya ningún límite racional. El conflicto es inminente y de pronóstico sombrío.

Lo cierto es que más allá de lo que digan en el Congreso, y de las dudas que pudiera causar esta nueva iniciativa, todos reconocen una jefatura política, y ese acuerdo no va a romperse. Eso significa, en pocas palabras, que si el gobernador está detrás realmente de esta ley, la discusión deberá volver a cero.

La política de Quintana Roo no ha cambiado lo suficiente para que un gobernador deje de ser el jefe, de una u otra manera, de toda la clase política.

[b]Pasado y futuro[/b]

Lo que no puede obviarse en el tema es que la distancia entre ambas iniciativas dice mucho de lo que este gobierno es y no es. La Ley de Movilidad que proponen los diputados, más allá de su inexplicable demora, trata el tema con la mirada puesta en el futuro.

Abre el debate a las plataformas digitales, reduce el poder discrecional del gobernador en la entrega de concesiones, y propone un Instituto de Movilidad que gestione el tema con profesionalismo, pensando en un Quintana Roo de primer mundo.

Más allá de sus posibles errores o carencias, el debate es, al menos, aspiracional.

La iniciativa del Ejecutivo propone apenas dos o tres cambios para acomodar un sistema arcaico a los intereses de hoy. Un dato que dice mucho: hasta la estructura de los capítulos es igual a la ley vigente.

Lo que deja en claro esta dualidad es que el tema del transporte, con sus profundos e intrincados intereses, pone al Gobierno ante la que ha sido su mayor disyuntiva: abrazarse a las certezas del pasado, con todos sus costos, o caminar hacia un cambio de fondo, impredecible y volátil por definición.