México, peor que Siria en materia de violencia: ONU

Amir Ibrahim
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 21 de diciembre, 2017


[i]Durante su recorrido por México, relatores apuntaron hacia las deficiencias gubernamentales para asegurar el ejercicio periodístico en el país, así como la alarmante crisis nacional en materia de derechos humanos. Finalmente, apuntaron que la Ley de Seguridad Nacional no aporta soluciones de fondo para la inseguridad.[/i]


Los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, consideraron que la situación que prevalece en el medio periodístico en el país es caótica, por lo que urge tomar medidas serias para la protección a quienes ejercen la libertad de expresión.

Edison Lanza y David Kaye visitaron cinco entidades federativas en las que se entrevistaron con más de 250 periodistas. En conferencia, en la Ciudad de México, concluyeron. luego de lasa visitas, que México enfrenta una grave crisis en los derechos humanos de su gente, sobre todo, para quienes ejercen la libertad de expresión. Los relatores visitaron a funcionarios de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Ciudad de México.

El objetivo de esta visita fue evaluar la libertad de expresión en el país y, como un asunto de primera importancia, la seguridad de los periodistas. Se realiza en seguimiento a las recomendaciones que en 2010 hicieron los relatores Frank La Rue y Catalina Botero.

[b]Periodistas desplazados y revictimización de instituciones[/b]

Sobre este tema señalaron que: “Pese a estas instancias (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo de protección a periodistas), la situación de violencia no se ha mitigado, por el contrario, los últimos dos años han sido más complicados para la prensa”, señaló Edison Lanza.

Reconoció que, desde la última visita, se han construido instituciones importantes y que en algunos casos son positivos para la protección de los periodistas como el mecanismo de protección a nivel Federal, el cual tiene protegidos a 130 periodistas y 15 que han sido desplazados.

En cuanto al mecanismo de protección señaló que es necesario aprobar una ley nacional que “termine por remover esos obstáculos que muchas veces se presentan entre el nivel federal y el nivel nacional. El primero otorga una medida de protección a los periodistas y cuando se va a implementar a nivel nacional se hace en forma deficiente y no hay coordinación; falta una debida integración de esas dos entidades para que sea efectiva la protección y no una mera declaración. Urge una ley nacional que obligue a los estados a tener más enlaces, no más mecanismos (estatales) porque con el federal es suficiente”, señaló.

“Durante nuestra semana en México escuchamos historias repetidas de asesinatos y desapariciones, ataques físicos y sicológicos en contra de los medios y otras formas de interferencia designados no sólo para dañar a los periodistas como individuos, sino el derecho del público a saber, además los que buscan ayuda son revictimizados por las instituciones”.

Por otra parte, David Kaye, señaló que el crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios, como escuchamos de docenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales.

Reconoció que, además del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan coptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos.

“El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, implementando división y desconfianza entre periodistas y funcionarios locales, en sí, un periodista nunca sabe qué territorio está pisando”

Con esta situación, agregó, el Gobierno ha reconocido los problemas, pero no han asignado los recursos necesarios para construir una plataforma de respaldo, ni demostrar siquiera voluntad política.

“Reconocemos el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero la coordinación de esa protección en los estados no es suficiente. Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados, considerando el contexto de una crisis nacional. Los mecanismos especializados de rendición de cuentas, a nivel federal y estatal, no han entregado resultados, lo que lleva a un aumento en la frustración”

David Kaye señaló que no se trata de dar más dinero a las instituciones, sino hacer que sea una prioridad nacional “que haya una rendición de cuentas y que los autores materiales sean responsables de los crímenes en contra de los periodistas. La otra parte significa mejorar la cantidad de recursos, capacitación y posibilidad de que la Feadle (Fiscalía Especializada Contra Delitos de la Libertad de Expresión PGR) realice su trabajo a niveles locales”, señaló.

[b]Medidas para la protección de periodistas[/b]

“México es un país democrático y no puede continuar con esta dinámica de violencia, al compararse con Siria y otros países del mundo donde hay conflictos y autoritarismo, México sale peor porque es una democracia que en muchos sentidos aspira a ser un país desarrollado”, advirtió Edison Lanza.

“El marco legal de un país, además de garantizar la libertad de expresión, debe evitar restricciones arbitrarias o desproporcionadas, mediante la adopción de leyes. Varias iniciativas de ley que se discuten actualmente en el Congreso, y ante la falta de regulación de ciertos aspectos en relación con la libertad de expresión, tienen el potencial para reducir sustancialmente el ejercicio de libertad de expresión en México”.

Las recomendaciones que realizaron se centraron en que las autoridades de Gobierno adoptaran las medidas necesarias para asegurar una protección efectiva para los periodistas a nivel nacional que incluya reformas legales.

Construir mecanismos de protección con recursos suficientes, incrementar el número de analistas de riesgo provistos de condiciones de trabajo y protección adecuadas, así como mantener una comunicación regular entre el mecanismo de protección y periodistas adheridos al programa para monitoreo y evaluación.

Los Relatores hicieron referencia sobre Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, y otros que se encuentren en una situación similar, para que adopten una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones contra periodistas, restaurar la confianza con el gremio en dichos estados y consultar a la sociedad civil.

Los medios deberían tener un papel clave en la seguridad de sus periodistas y deberían ofrecer capacitación en seguridad y auto-protección de sus empleados, tanto permanentes como freelancers, proveyendo un equipo de seguridad adecuada, condiciones adecuadas de trabajo y seguro de vida.

“El Estado debería adoptar una serie de medidas para que rindan cuentas al gremio acerca de los crímenes cometidos contra periodistas en las que se prioricen las investigaciones”.

[b]Sobre la Ley de Seguridad Interior[/b]

En un caso apartado, pidieron abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual, y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita, reafirmando el papel de las agencias civiles de seguridad al abordar los retos de seguridad pública. Ninguna ley que contravenga los poderes dados a las autoridades, relacionadas con el acceso a la información o los estándares en casos de graves violaciones de derechos humanos, debería ser aprobada”.

Pidieron al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior por considerar que contraviene los estándares en materia de derechos humanos y no ofrece soluciones de fondo para la inseguridad.

“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que la ley carece de instrumentos para profesionalizar a las corporaciones civiles de policía; en cambio, incrementa las atribuciones de las Fuerzas Armadas, con el riesgo de que puedan cometerse abusos y violaciones a las garantías individuales”.