Amenazas a esposas de coacusados del caso César Duarte

Gustavo Castillo
Foto: La Jornada
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 30 de enero, 2018

Las esposas de Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ex funcionarios de Chihuahua acusados de ser presuntos partícipes en desvíos de recursos públicos, señalaron que ayer personal de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad les hizo saber que si no se ratifican las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigue las presiones de que son objeto con el fin de que declaren en contra del ex gobernador César Duarte y el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones, "se podrían negociar las condiciones para que se les dicten sentencias mínimas" en sus procesos por peculado.

Luisa Fernanda Apodaca Estrada y Sofía Duarte Grajales, esposas de Tarín García y Villegas Madriles, respectivamente, responsabilizaron –en entrevista con [i]La Jornada[/i]– "al gobierno y a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua de la seguridad" tanto de ellas, de sus familias y de sus cónyuges.

Mencionaron que sus esposos solicitaron al gobierno federal que se les traslade a prisiones federales ante "los tratos y presiones que reciben en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 en Chihuahua", conocido como Aquiles Serdán.

Luisa Fernanda Apodaca, esposa de Antonio Enrique Tarín García, informó que ayer cuando su padre –que es abogado– acudió a los juzgados estatales, “le hicieron saber que si no se ratificaban las denuncias ante la PGR habría una negociación.

“Dijeron que si no ratificamos la denuncia en el momento ante los agentes del Ministerio Público Federal podíamos sentarnos otra vez en la mesa a discutir los términos de los beneficios. Porque anteriormente lo que ofrecían era una pena mínima, y si no aceptábamos, entonces iban a dar la máxima y por cada caso estamos hablando de 12 años.

"Siempre y cuando no ratifiquemos, ellos están en posibilidad de que nos volvamos a sentar a analizar los términos de la salida de mi esposo y que si no, pues existen muchos otros procedimientos en su contra y que nosotros podemos decidir", indicó.

–¿Por qué están solicitando el cambio de penal?

–Por el tipo de presión que están viviendo ellos ahí: en múltiples ocasiones las autoridades del penal les han hecho saber que siguen instrucciones del gobernador (Javier Corral) y del fiscal (César Augusto) Peniche de mantenerlos aislados, ya que, contrario a otros internos, ellos no tienen contacto con nadie, permanecen encerrados todo el tiempo, no tienen derecho a actividades recreativas y en alguna ocasión les dijeron que se pusieran a pensar qué labores podían realizar dentro de la celda, mientras hay personas que entran arbitrariamente a presionarlos para que declaren, y a sus abogados les restringen el acceso.

Sofía Duarte Grajales señaló que “todo lo que se dice en la denuncia (presentada ante la PGR el pasado 26 de enero) es cierto; tenemos 10 meses viviendo en la zozobra y prácticamente con el pie en el cuello por parte de la fiscalía. Recibimos amenazas y amenazas de que van a agregar más carpetas de investigación y que mi esposo (Gerardo Villegas) va a durar ahí 50 años.

"Estamos a la espera de que vaya personal de la PGR para que ellos ratifiquen esas denuncias y se proceda entonces a que las autoridades federales investiguen. Nosotros hacemos responsables de lo que les pueda pasar al gobernador, al fiscal Cesar Peniche y a Maclovio Murillo (asesor jurídico del gobierno de Chihuahua), ya que tenemos miedo de que vayan a atentar contra nosotros. Esto ha sido un ataque tanto físico como moral, y ha sido una persecución política por haber trabajado en la administración de César Duarte".

–¿Ustedes son familiares del ex gobernador César Duarte?

–Soy sobrina; sin embargo, el que fue funcionario es mi esposo; yo no he desempeñado ningún cargo ni he tenido injerencia en el gobierno, y precisamente por ser mi marido el sobrino político se le ha estado inculpando.

Gerardo Villegas Madriles y Antonio Enrique Tarín García enfrentan varios procesos penales en los que se les imputa hacer participado presuntamente en desvíos de recursos que superan los 200 millones de pesos a empresas que, según la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, habrían simulado la prestación de servicios.