Óscar Rodríguez
Foto: Tomada de Facebook
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 31 de enero, 2018

El Congreso del estado aprobó por unanimidad que se realice el informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para el próximo 27 de febrero a las 11 horas, como solicitó Miguel Sabido Santana, secretario ejecutivo de la presidencia de dicho organismo.

Se prevé que en dicha fecha se dé parte de las acciones realizadas por Enrique Goff Ailloud, ex titular de ese organismo, quien se separó del cargo para ser vicefiscal anticorrupción.

Durante la sesión de este martes, las cinco fuerzas políticas representadas en el Congreso aprobaron por unanimidad avalar el decreto para declarar 2018 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán”, así como un dictamen para armonizar leyes locales con las generales para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Los diputados también aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia del priísta Evelio Dzib Peraza, para separarse de su cargo como representante del décimo tercer distrito, de manera que se llamó a su suplente, Pedro Javier Chi Canul, para que ocupe la curul en la próxima plenaria.

Las fracciones legislativas del PRI y el PAN, en voz de sus coordinadores, Celia Rivas Rodríguez y Raúl Paz Alonzo, respectivamente, le desearon el mayor de los éxitos a Dzib Peraza y agradecieron su trabajo a favor de las coincidencias y disminuir las diferencias.

Sobre la armonización de leyes locales en materia de tortura, el priísta Daniel Granja Peniche detalló que el dictamen modifica el Código Penal para que cuando se refiera al delito de tortura se establezca claramente la mención a la Ley General en la materia, y exprese que se trata de un delito grave.

También, continuó, se reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para facultar a este organismo para intervenir de manera inmediata cuando se realicen quejas relacionadas con violaciones a la integridad personal en el mismo contexto.

En su intervención, el panista Moisés Rodríguez Briceño mencionó que con estas nuevas reformas se distribuyen las competencias y la coordinación que deben tener las autoridades en el combate a la tortura, estableciéndose además los tipos de este delito, pero también se legisla para otorgar medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación de las víctimas que sufran algún tipo de tortura.

“La tortura es una práctica violatoria de los derechos humanos, con estas reformas se sientan las bases para combatir esta vergonzosa problemática, no más tortura en Yucatán, los diputados del PAN conscientes de la necesidad de armonizar y actualizar nuestro marco local a los parámetros que señala las leyes generales”, expresó.

En asuntos generales, Beatriz Zavala Peniche (PAN) presentó una iniciativa de ley de asentamientos humanos que contempla cambios para que las autoridades cuenten con un marco jurídico adecuado para el crecimiento urbano.

Por su parte, el también panista Rafael Montalvo Mata entregó una iniciativa de decreto para adicionar el artículo 101 ter al capítulo décimo de la Constitución Política del estado, en materia de derecho patrimonial, para que todos los yucatecos cuenten con seguridad jurídica respecto al tema.


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