Homún, de nuevo

Rafael Robles de Benito
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 14 de febrero, 2018

El asunto de la granja de cerdos en Homún se ha vuelto una controversia que ha ido creciendo, en lo que parece una discusión que va mucho más allá de ese singular proyecto. Como pasa casi siempre en las discusiones en que interviene un gran grupo de personas con intereses y puntos de vista distintos, a primera vista, la discusión parece ser nada más vociferar para destacar con orgullo diferencias y principios.

Cuando eso sucede, la razón parece dejar de prevalecer: cada quien cree que su postura es La Razón, y deja entonces de escuchar al otro. Creo que eso es en parte lo que está sucediendo alrededor de esta granja en particular. Desde luego, no pretendo ser “dueño de la razón”, ni nada que se le parezca. Pero sí me siento con los arrestos suficientes como para invitar a discutir el asunto desde una perspectiva distinta a la de la corrupción (omnipresente al parecer), o la de la torpeza técnica.

Propongo para ello tres premisas: primera, que la postura del doctor Eduardo Batllori es honesta, entera e imbatible. Segunda, que los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) deben ser siempre objeto de consulta pública (reservando por supuesto, los temas de información protegidas por los criterios de privacidad). Y tercera, que el tema de los ordenamientos ecológicos locales no ha sido aún resuelto para el caso de Yucatán.

La primera de las tres premisas no merece mayor discusión: es solamente un dato. La segunda merece un análisis un tanto más detallado. Parece ser que muchos biólogos piensan que son ellos quienes están mejor calificados para formular y evaluar manifiestos de impacto ambiental. Esto no es solamente cuestionable (muchos biólogos ignoran cómo se formula un estudio de este tipo), sino que deja fuera otras profesiones igual o mejor calificadas para hacerlo, como los ingenieros ambientales, para poner un ejemplo evidente.

La irritación alrededor del hecho de que la manifestación de impacto ambiental de la granja de Homún haya sido firmada por una odontóloga, me parece un escozor de celo profesional sin demasiado sustento (lo digo como biólogo). Lo importante, en realidad, es si está bien sustentado o no, y si incluye las medidas de mitigación y reparación que hagan al proyecto compatible con las expectativas de la comunidad. Si esto no se cumple, así sea que Darwin, Linneo, o Watson y Crick quienes hayan firmado la MIA, ésta no debe proceder como sustento para autorizar el inicio del proyecto porcícola. La revisión pública de la MIA y del dictamen correspondiente, por parte de un organismo ajeno al gobierno y la militancia conservacionista, me parece que es importante (hace falta un “amigable componedor”).

Lo que me parece vital es el tema del ordenamiento ecológico del territorio, encarado desde una perspectiva municipal. En varios estados del país, la formulación de programas de ordenamiento que conduzcan el uso de la tierra de las circunscripciones municipales es un reto relativamente fácil de alcanzar. En Yucatán ocurre exactamente lo contrario: se trata de ordenar la apropiación del paisaje en 106 municipios, todos con aspiraciones de desarrollo distintas, y a veces incluso contradictorias.

El problema es, para empezar, metodológico: ordenar Tizimín, o Tzucacab implica el mismo esfuerzo de método que Ixil, o Tixcacalcupul, por decir algunos. Así las cosas, ordenar el uso del suelo en Yucatán, desde una perspectiva ambiental y de desarrollo sustentable, podría parecer un reto insuperable. Quizá la fórmula de las alianzas intermunicipales, como la alcanzada en la BIOPUUC, sea digna de explorar y replicar. Lo de menos son los cerdos: lo vital es acordar un modo de apropiación del paisaje que sea sustentable y que responda a las esperanzas de apropiación de los residentes locales en el más largo de los plazos.

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