Gobierno desvergonzado

Cliserio E. Cedillo Godínez
Foto: Especial
La Jornada Maya

Jueves 22 de febrero, 2018

De acuerdo a las últimas auditorías practicadas por las dependencias fiscalizadoras, tanto estatales como federales, se puede asegurar que, durante las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, la corrupción permeó en casi todos los niveles de mando. La gran carga de información nos permite afirmar que las desviaciones de recursos y peculados se llegaron a practicar como un derecho inseparable de la administración pública.

Ahora, coincidente con su 33 Aniversario, lejos de celebrar se tiene que lamentar que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) formó parte de una red federal de corrupción surgida en las entrañas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante las administraciones de Rosario Robles Berlanga, quien fuera también ex jefa del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que, mediante contratos suscritos por la Sedesol y Sedatu el SQCS recibió parte de los recursos que, por un monto superior a dos mil 130 millones de pesos, se habrían desviado de esas dependencias al paso de Rosario Robles, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Inicialmente, de acuerdo al diario Reforma, se hablaba de un desvío por mil 311 millones de pesos, a través de contratos simulados con Radio y TV de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

De igual forma, al darse a conocer el Informe General de la Cuenta Pública 2016, la ASF alertó sobre riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos entre entidades públicas. Entre las dependencias involucradas en estos desvíos generados desde la Sedatu y Sedesol se cuenta a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Diconsa, la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Comisión Federal de Electricidad (CFE) ) y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.

Además, a través de convenios entre dependencias del sector público, al amparo de la excepción permitida en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Sedatu firmó convenios con Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

Aun cuando no se han dado a conocer los montos específicos en esos convenios, se dio a conocer que con base en auditorías forenses de la ASF, se documentó la participación de varias empresas en una misma transacción. Esto origina que el sistema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varias entidades.

Asienta el informe que en numerosos casos “se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, es decir se pagaron pero nunca se recibió el servicio”, según se entiende.

Cabe destacar que, mientras esas sucias transacciones se llevaban a cabo, los trabajadores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social se vieron obligados a aceptar una reducción en sus sueldos de entre 20 y 25 por ciento, so pena de ser despedidos, bajo el argumento de carecerse de recursos. Esos convenios se firmaron durante la administración de Roberto Borge en julio, septiembre y octubre de 2015.

Según la ASF los desvíos fueron efectuados entre el 2012 y 2016, durante la administración de Roberto Borge, quien nuevamente vuelve a ser mencionado luego de la explosión ayer en uno de los Barcos Caribe, con saldo de 18 personas lesionadas, adquiridos por el ex gobernador a través de prestanombres, según se ha documentado.

Es de resaltar que en octubre de 2016 ese mismo barco tuvo un problema en uno de sus motores, debido a lo cual quedó a la deriva, causando un gran sobresalto a los pasajeros. Hoy la explosión, sin que oficialmente se haya dado a conocer la causa que la originó, causó no sólo sobresalto sino que arrojó un saldo sangriento que, consideramos, debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias debido a los perjuicios que una noticia mundial de ese tipo puede causar a Quintana Roo como destino turístico de clase internacional.

[b][email protected][/b]