Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 27 de febrero, 2018

Al rendir el informe anual de actividades de la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) el secretario ejecutivo de ese organismo que funge como encargado de despacho de la presidencia, Miguel Oscar Sabido Santana, destacó que la Secretaria de Salud de Yucatán (SSY) es la cuarta dependencia del estado con mayores quejas en su contra con un total de 8 en el 2017 que han generado 2 recomendaciones

Ante representantes de los tres poderes del estado, Sabido Santana señaló que la Codhey realizó visitas de supervisión a 125 centros de salud ubicados en los diversos municipios y comisarías del Estado, donde se encontraron mayores deficiencias en 10 de ellos ubicados en Tunkás, Yobaín, Hocabá, Sanahcat, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá, Tzucacab y Emiliano Zapata comisaría de Valladolid.

“Entre las principales necesidades detectadas en los centros de salud en el estado que fueron visitados, encontramos la falta de personal, la falta de mantenimiento de sus instalaciones, la falta de equipo y material de trabajo, por lo que es necesario seguir promoviendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares y brindar en todos los Centros de Salud, servicios más efectivos y de calidad”, precisó.

Detalló que la Codhey también verificó el estado de los hospitales públicos dependientes de los Servicios de Salud del Estado, donde se advirtieron necesidades tales como: la falta de personal médico, de enfermería y de seguridad suficiente, la falta de infraestructura adecuada en sus instalaciones y la falta de sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.

“Es imperioso destacar la necesidad de construir un nuevo Hospital Psiquiátrico que pueda brindar una mejor atención médica, con un profundo respeto a los derechos humanos de los usuarios que en él son hospitalizados”, ahondó

En el informe anual de actividades correspondiente al 2017 reveló que la Codhey dio cuenta de 215 funcionarios públicos sancionados y 51 denunciados ante el Ministerio Público, por cometer, además de violaciones a derechos humanos, hechos presuntamente delictivos.

Sabido Santana informó que 215 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

El encargado de la presidencia de la Codhey, informó que durante el periodo del primero de enero al 31 diciembre de 2017, se recibieron en las oficinas de Mérida, las delegaciones de Valladolid y Tekax, así como en las oficinas de enlace, un total de 4 mil 181 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 11 asuntos por día.

En atención a estos hechos, se formaron mil 390 expedientes de gestiones y se realizaron 114 conciliaciones, en el año que se informa se integraron 386 quejas, un promedio de 32 por mes. Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, se iniciaron de oficio 21 expedientes.

Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 266; detención arbitraria, 266; violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 246; amenazas, 90; robo, 72; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 68; retención ilegal, 67; allanamiento de morada, 66; violación a los derechos de los niños, 57; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 49.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 212; Secretaría de Educación, 29; Ayuntamiento de Progreso, 27; la Fiscalía General Justicia del Estado, 22; Ayuntamiento de Kanasín, 15; Ayuntamiento de Izamal, 10; Ayuntamiento de Mérida, 8; Servicios de Salud de Yucatán, 8; Ayuntamiento de Seyé, 6 y Ayuntamiento de Tekax, 6.

El encargado de la Presidencia de la Codhey detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 128 medidas cautelares a un total de 28 autoridades, de las cuales 110 fueron aceptadas, es decir, el 86 por ciento de las medidas dictadas.

Insistió en que las medidas cautelares son el recurso previsto en ley para restaurar de manera inmediata los derechos y exhortó a todas las autoridades a las que se dirijan, cumplirlas en todos sus términos.

Se interpuso ante el Ministerio Público un total de 51 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.

Se llevaron a cabo 208 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades.

Asimismo, se emitieron 34 recomendaciones, de las cuales 33 específicas dirigidas a un total de 15 autoridades distintas y 1 General dirigida a los 106 municipios del Estado.

Las autoridades recomendadas fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 8; Fiscalía General Estado, 4; Presidente Municipal de Progreso, 3; Cabildo de Tekax, 2; Cereso de Mérida, 2; Presidente Municipal de Oxkutzcab, Peto y Tzucacab 2 a cada uno.

Secretaría de Salud, 2; Secretaría de Educación, 1; y a los presidentes municipales de Acanceh; Dzidzantún; Kinchil, Temax y Tizimín, una a cada uno.

Respecto a la Recomendación General, donde se exhorta a los ayuntamientos a realizar las modificaciones urbanas necesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en edificios públicos y otras instalaciones de uso público, la cual se emitió el mes de junio del 2017, dijo que hasta el momento son 26 los municipios que han aceptado y están en procedo de dar pruebas de cumplimiento.

Sabido Santana exhortó a los 80 municipios restantes cumplir con la recomendación y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

También informó que los cuatro penales obtuvieron una calificación aprobatoria de 6.94, con lo que Yucatán se ubica en el lugar número 10 de los 32 estados de la República, en esta materia se reconoce un avance permanente en las supervisiones anuales.

Las calificaciones por centro fueron: 8.12 del femenil; 6.81 el de Mérida; 6.73 de Ebtún, Valladolid y 6.08 el de Tekax.

Se realizaron 106 visitas de supervisión a las cárceles municipales, donde se observó que el 70 por ciento no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ni con los Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.

Es decir, carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación tanto artificial como natural, las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales, carecen de personal médico, entre otras.

Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron las de los municipios de Tzucacab, Ticul, Abalá, Tecoh, Chacsinkín, Acanceh, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzán. De igual manera, se reconoce las mejores en las de Suma de Hidalgo y Buctzotz.

Asimismo, se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud ubicados en los diversos municipios y comisarías del estado, siendo los 10 centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, los ubicados en los municipios y comisarías de: Sanahcat; Tunkás, Yobaín, Hocabá, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá, Emiliano Zapata (comisaría de Valladolid) y Tzucacab.

En materia de capacitación se realizaron diversos cursos y talleres en 18 ejes temáticos, alcanzando a más de 69 mil personas.


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