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del

Carlos Meade
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Lunes 12 de marzo, 2018

El prolongado conflicto por el codiciado botín de las tortugas de la bahía de Akumal es mucho más complejo y enredado de lo que los medios han mostrado. No se trata de un pleito entre buenos y malos, donde los buenos serían la gente del pueblo y los malos los empresarios acaparadores.

Simplificando mucho las cosas, se puede decir que, en efecto, hay dos grupos antagónicos: uno representa los intereses de los empresarios de siempre y el otro está formado por una mezcla de pequeños empresarios del poblado, militantes priístas, funcionarios municipales y oportunistas de ocasión. Aquí “el pueblo” no tiene nada que ver, la mayoría de los pobladores no participan en estas disputas y más bien se ven afectados cuando se les impide el paso a sus centros de trabajo.

Recordemos que el gobierno del estado, durante la administración de Borge Angulo, se quiso apropiar de una franja de tierra, ubicada precisamente en el acceso tradicional a la bahía, presentando un mapa y documentos apócrifos y argumentos retorcidos que la Suprema Corte invalidó.

Se vio que la intención de Borge era utilizar el descontento de un grupo de pobladores que se improvisaron como tour-operadores para quedarse con una tierra que tenía dueño.

El hecho ahora es que la Suprema Corte ha fallado a favor del Club Akumal Caribe, y que el grupúsculo apoyado por el gobierno del estado ha perdido ese soporte político.

La defensa del acceso tradicional no tiene nada que ver con el intento de apropiarse de tierras ajenas, al estilo Borge. El acceso tradicional se puede reclamar acudiendo a la historia y a los derechos que la población ha adquirido por el uso de un camino de paso que ha estado abierto por más de 30 años, aunque nunca haya sido establecido como una ventana al mar.

Lo que no se dice es que la población de tortugas de la bahía vive en constante estrés, y que muchas de ellas presentan tumores y deformaciones. Muchos de los visitantes que hacen el tour terminan deprimidos al ver un arrecife casi muerto y un montón de tortugas acosadas y enfermas.

Actualmente, y después de muchos tropiezos, se ha logrado establecer un padrón de 31 permisionarios que tienen derecho a vender 12 nados con tortugas cada uno, lo que da un total de 382 personas al día. Supuestamente la Profepa lleva el control de este programa, pero considerando la ineficiencia y corrupción de esta procuraduría y el número de vehículos que atiborran los estacionamientos, dudo mucho que la cuota diaria de visitantes se esté respetando.

Información aportada por el CEA indica que en 2008 existían 18 agencias de tours operando en Akumal, y que en el 2016 ya eran 150. ¿Será que de verdad la Profepa tenga control sobre los permisionarios?

Es de destacarse que quienes menos querían someterse a regulaciones eran, precisamente, los nuevos grupos de tour-operadores, conocidos como “los piratas” debido a que no contaban con permisos de operación, no estaban registrados en hacienda, no tenían la capacitación requerida, no contaban con instalaciones ni servicios, pero ya tenían sus puntos de venta invadiendo propiedades con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal. Y ahora convocan a la prensa y se victimizan.

Toda la información que se ha manejado en el sentido de que el acceso a la bahía se ha cancelado, no es veraz. El acceso a la bahía es ahora a través del Centro Ecológico Akumal, de forma que es libre para población local y quintanarroense. El hecho de que se haya movido el punto de acceso sólo responde a una actitud revanchista y empecinada de los empresarios. Los mismos torniquetes que pusieron para el acceso en el CEA podían haberlos puesto en el acceso tradicional.

Por otra parte, llama la atención que los turistas tengan que pagar una cuota de cinco dólares. Lo que me parece dudoso es que alguien pueda cobrar por el acceso a la playa, que debe ser libre, pero eso sucede hace muchos años en Akumal, ya que el acceso a la caleta Yalkú también tiene un costo cobrado por un particular. Supuestamente, este dinero lo administra el CEA para mantenimiento de la infraestructura de servicios, para programas de investigación y para un fondo de obras en el poblado. ¿Hay alguna autoridad que pueda fiscalizar este recurso y vigilar su aplicación?

Si el cobro lo hiciera la Conanp para los gastos de la operación de un programa de manejo, considerando que la bahía es un Área Natural Protegida, tendría más lógica y no se prestaría a perspicacias y malos entendidos.

Con una comunidad de tortugas enfermas y grupúsculos políticos y empresariales necios e irresponsables, del lado de la playa y del lado del poblado, es imposible aspirar a un modelo sostenible para la gestión turística en la bahía de Akumal.

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