Eduardo De Luna
Foto: Cortesía
La Jornada Maya

Playa del Carmen, Quintana Roo
Jueves 5 de abril, 2018

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya elevó una petición al Congreso de la Unión para que el proyecto de Ley General de Biodiversidad que se está discutiendo actualmente sea sometido a una consulta pública argumentando que la aprobación del mismo en las condiciones actuales golpearía duramente a la industria turística de Quintana Roo.

Los empresarios de la Riviera Maya giraron una misiva al diputado Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la cámara de diputados y a los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente señalando que “la iniciativa privada y la industria turística de Quintana Roo, legalmente representados por el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, A.C. solicitamos de la forma más respetuosa a nuestros Congresistas, en especial al Presidente, integrantes de la Secretaría y demás integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a que revisen de manera responsable e informada, corrijan y sometan a consulta pública el proyecto de Ley General de Biodiversidad.

Estamos vigilantes y exigiremos a nuestros representantes que la promulgación de leyes garanticen efectivamente el desarrollo sostenible, la seguridad hídrica y alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, la diversidad biológica y genética, así como el derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos, garantizando de esta forma también la sostenibilidad de la industria y vocación turística de Quintana Roo”.

La misiva que los empresarios enviaron al Congreso de la Unión contiene solicitudes expresas las cuales son: garantizar la conservación de la biodiversidad y recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), prohibiendo de manera explícita el fracking, la exploración y extracción de hidrocarburos y gas, las actividades extractivas y minería, la privatización de recursos naturales y genéticos, la generación de energía, la caza deportiva y que se garantice los derechos constitucionales de todos los mexicanos, en particular el derecho a la consulta pública y el derecho a un medio ambiente sano para ésta y las futuras generaciones.

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya también puntualiza que las violaciones constitucionales que el proyecto de ley general de biodiversidad contiene, deben ser corregidas, basando su argumento en los siguientes puntos: Violaciones constitucionales a los artículos 2 y 27, especificando que durante el proceso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados han sistemáticamente negado el derecho a la consulta pública, libre, plena e informada, lo cual viola los derechos de pueblos indígenas, grupos ejidales y comunidades; Aumento de la Vulnerabilidad de la industria turística y comunidades de México y Quintana Roo al no prohibirse, de manera explícita en áreas naturales protegidas las siguientes actividades: minería y extracción de gas, aprovechamiento extractivo como la caza deportiva, explotación de hidrocarburos y gas, fracking, generación energética, tala forestal, comercialización y privatización de recursos naturales y genéticos; Incompatibilidad con la vocación turística, y políticas públicas de conservación y desarrollo sostenible de Quintana Roo: La industria turística del estado está consciente de que el éxito, reflejado en alta ocupación, derrama económica, visitantes repetitivos y experiencias únicas, está íntimamente ligado a la buena salud de los ecosistemas y su biodiversidad.

Como reflejo de esta convicción, la industria turística ha sabido traducir la calidad ambiental y paisajística en una ventaja competitiva; Se ha esforzado por obtener y conservar certificaciones ambientales; Trabaja de forma coordinada hacia la sostenibilidad; Ha creado alianzas y participado activamente y en coordinación con los tres niveles de gobierno en la búsqueda de soluciones de tierra adentro hacia la costa en búsqueda de la seguridad hídrica, la salud de los arrecifes y el reparto económico más equitativo de la derrama turística hacia las comunidades receptoras, promoviendo y poniendo en valor el interés del visitante en el turismo ecológico y de aventura en zonas naturales.

De acuerdo a la CONANP, “las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son un motor del turismo en México, pues tienen el potencial de conservar la biodiversidad y permitir una derrama económica significativa para la gente que vive dentro y en las zonas de influencia de las ANP´s, generando beneficios económicos y socio-ambientales para los mexicanos”.

Las actividades no prohibidas en ANP´s en este proyecto de Ley General de Biodiversidad constituyen una incongruencia y un retroceso en materia de conservación y desarrollo socio económico para Quintana Roo, señalaron en la petición remitida al Congreso de la Unión recalcando que “no sea sometido a una votación apresurada, y para que las violaciones constitucionales, omisiones y errores en su contenido sean subsanados a través de una discusión informada e incluyente, vigilando que no existan conflictos de intereses”.


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