Fernando Camacho Servín
Foto: La Jornada
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 8 de abril, 2018
Los jornaleros agrícolas suelen estar expuestos a condiciones de vida indignas en los lugares donde son contratados, e incluso a delitos como la trata con fines de explotación laboral, lo cual es propiciado en buena medida por la falta de supervisión de las autoridades encargadas de evitar que ello ocurra, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar un estudio sobre el tema, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez señaló a manera de contexto que en el país hay más de 5.5 millones de personas que se dedican a actividades agrícolas, de las cuales el 32.6 por ciento labora sin ningún tipo de retribución a cambio, de acuerdo con cifras oficiales.
Entre los que sí perciben alguna ganancia económica, sólo 4 por ciento tienen acceso a servicios de salud, 7 por ciento obtienen aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, y 3 por ciento tienen un contrato escrito con su empleador.
Luego de analizar el papel de las autoridades laborales en materia de prevención y detección de posibles casos de trata en el campo, la CNDH documentó que las acciones gubernamentales son “heterogéneas, diversas e incluso contradictorias entre sí”, lo cual deja ver que los servidores públicos tienen “grados muy disímiles de compromiso y conocimiento” al respecto.
Una de las consecuencias de ello, señaló González Pérez, es que la mayoría de los inspectores del trabajo no se sienten obligados a detectar y denunciar posibles casos de trata de personas, y en los casos en donde sí los identifican, no tienen apoyo gubernamental para intervenir.
De igual forma, cuando la CNDH le solicitó informes sobre el tema a la Secretaría de Trabajo federal y a la de los 32 estados de la República, sólo 21 autoridades respondieron a la petición de datos, pero en el 71.4 por ciento de estos casos, no mostraron información para comprobar la inexistencia de víctimas de trata, en las visitas de inspección supuestamente realizadas.
Con respecto a si llevan a cabo acciones para detectar y registrar lugares en donde empleen jornaleros agrícolas, siete entidades federativas admitieron que no las hacen, 16 señalaron que sí y 10 más no quisieron responder.
Entre las que no realizan este trabajo o no informaron al respecto, destacó el ombudsman, se encuentran los estados de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se concentra una tercera parte de los trabajadores agrícolas.
En ese mismo sentido, 16 de las 33 autoridades laborales consultadas dijeron no tener un registro de la población de jornaleros agrícolas o no contestaron al respecto, 12 no llevan a cabo ninguna acción para proteger a menores de edad y 11 no realizan inspecciones ordinarias o extraordinarias en los centros de trabajo agrícola ya registrados.
Por todo ello, enfatizó González Pérez, se puede concluir que las autoridades del trabajo tienen una “intervención limitada” en la mayoría de los casos, pues “circunscriben sus acciones a normas administrativas y programas operativos”, además de que no están debidamente capacitadas ni perciben la gravedad del fenómeno de la trata con fines de explotación laboral.
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