Uber: La libertad empresarial a consulta

Gabriel Aarón Macías Zapata
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 19 de abril, 2018

El futuro de la multinacional Uber en Quintana Roo entra en una nueva fase a partir de la iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González de someter a consulta ciudadana la reincorporación del servicio de transporte a través de la plataforma digital. Con esto se aplicará por primera vez la Ley de Participación Ciudadana, aprobada hace menos de un mes, en la que resalta el carácter vinculante del resultado siempre y cuando participe el 35 por ciento del listado nominal estatal o municipal.

La decisión sobre el destino de Uber recaerá en los ciudadanos, toda vez que el Ieqroo aprobó la solicitud del Ejecutivo estatal de llevar a cabo la votación paralela a la del 1 de julio próximo. Con ello se añade un ingrediente que hará aún más complejo al de por sí complicado proceso electoral que se avecina, además de que el sentido de la consulta siembra algunas dudas.

Recordemos que en 2015, durante el sexenio borgista, la Ley de Tránsito estableció que para prestar el servicio de autotransporte es necesario contar con la autorización del gobernador mediante concesión, a lo que hasta hoy se aferran los taxistas para oponerse a cualquier cambio. Empero, ante el avance de Uber, en noviembre de 2017 se presentó una iniciativa de ley que permitía el servicio de transporte mediante plataformas digitales a través de un permiso expedido por el Instituto de Movilidad, que para tal efecto sería creado.

Sin que tuviera algún efecto, a menos de un mes el gobernador sorprendió al enviar otra iniciativa al Congreso y que ratificaba la ley vigente, de que Uber sólo podría operar bajo concesión. El único cambio es que se crearía una Comisión encargada de emitir los dictámenes para otorgarlas. Por obvias razones, la propuesta fue celebrada por los sindicatos de taxistas concesionados, mientras que el servicio de la aplicación digital dejó de funcionar.

La idea de someter a consulta la suerte de Uber ha creado incertidumbre, así como la férrea oposición de los taxistas agrupados en el Frente Único de Trabajadores del Volante. El Ejecutivo justificó la medida como un ejercicio democrático, y aunque los usuarios de los taxis del sur del estado padecen los mismos problemas que los de Benito Juárez, la consulta sólo será aplicada y válida para dicho municipio.

En caso de que el resultado favorezca la permanencia de Uber, queda la duda de bajo qué condiciones entrará en funciones, toda vez que el Poder Legislativo, el gobernador y el Ayuntamiento de Benito Juárez deberán hacer lo propio para imponer el deseo de la ciudadanía. Hasta ahora, en el Congreso aún permanecen las dos iniciativas que hemos comentado, cada una con una diferente opción de operación.

Aunque los taxistas concesionados han mostrado el interés de implementar una plataforma digital y de mejorar el servicio, los dirigentes de 17 sindicatos expresaron su rechazo a la consulta y amenazaron con hacer “lo que sea necesario” para frenarla, e incluso hacer un paro masivo de transporte en todo el estado.

Dicen haber puesto impugnaciones para evitar que la consulta se haga el 1 de julio. Alegan que no existen condiciones para ello y piden cambiar el día de la consulta y, de ser así, respetarán el resultado siempre y cuando Uber opere bajo la ley vigente.

La estrategia de los taxistas les podría otorgar ventaja. El gremio se distingue por ser un eficiente operador político el día de las elecciones, para movilizar votantes a su favor, tal como lo han hecho en anteriores comicios para beneficiar al PRI. Mientras, los ciudadanos presentarían un cuadro desorganizado, y quizá muchos se abstendrían de votar después de haber participado en una contienda electoral anterior.

A nuestro ver, puede resultar desacertado hacer una consulta vinculante sobre un derecho que ya existe en la Constitución del país, como es la libertad económica. En este caso la democracia ya decidió por la libre empresa, y el Estado debe garantizar el derecho al trabajo y a invertir. La autorización a Uber debe hacerse sin mayores obstáculos y condiciones. En todo caso, la consulta más eficaz se efectuaría en el ámbito de la libre competencia. Ahí el ciudadano podrá ejercer su derecho de elegir el servicio que más le convenga.

En caso de que la consulta se incline por el “no” a Uber, puede resultar adverso para los derechos que están garantizados por nuestras leyes. El ciudadano se verá forzado a recurrir al monopolio taxista, y la libertad para invertir quedará coartada por una decisión que además estaría recubierta con el ropaje de la democracia. Es necesario recordar que los derechos humanos no están sujetos a negociación ni a consulta, y menos para limitar a otros. La democracia es un derecho, pero no debe ser utilizada para restringir el goce de los demás.

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