Joana Maldonado
Foto: infoqroo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 1 de mayo, 2018

El ex gobernador Roberto Borge se amparó de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía de Combate a la Corrupción en Quintana Roo ha girado en su contra.

El fiscal general Miguel Ángel Pech Cen adujo que, con eso, el ex gobernador no pagaría el incremento de más del 2 por ciento del daño patrimonial.

“Nos parecían ridículas y mínimas las cantidades que se le habían fijado, y nosotros promovimos para que se incrementaran, fue así que lo otorgó una autoridad, por lo que subsiste ese quantum que aún así representa poco, más del dos por ciento total del daño patrimonial; sin embargo, se sigue la secuencia en el sentido de que hasta que se tenga la totalidad de la información, nosotros seguiremos”, dijo.

Pech Cen explicó que aún siguen los trámites para ejecutar las tres órdenes de aprehensión en contra del Borge Angulo, y que la posibilidad de que sea traído a Chetumal a declarar –bajo cuidadosa observación médica- es viable. No obstante, la decisión recae en el gobierno panameño por el tratado de extradición con México que contempla una cláusula en la que habla del principio de especialidad.

El fiscal general dijo que se giraron los oficios correspondientes ante las autoridades federales y a la directora del Centro Social de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, en donde se encuentra interno el ex gobernador por la ejecución pendiente de las tres órdenes de aprehensión derivadas de tres carpetas distintas.

Indicó que hay varias opciones para resolver, por lo que se busca ser cuidadoso en el proceso para que no haya violaciones al mismo, “como en otros casos similares, se ha concedido el amparo por violaciones al debido proceso y no se desea incurrir en dichas violaciones, ya que ahora con el sistema de justicia que impera, es necesario y obligatorio la presencia del inculpado, para que responda frente a un juez en forma directa”.
Miguel Ángel Pech dijo que la primera opción es que se desahogue la audiencia de imputación utilizando medios electrónicos, mismo que está de conformidad al catálogo del código nacional.

Otra opción, indicó, es el exhorto respectivo ante un juez distinto al de Chetumal, de esto último el Fiscal expresó su oposición.

“Lo cual no nos parece adecuado, conforme al procedimiento acusatorio, es decir, que sea un juez de Morelos que reciba las diligencias de Quintana Roo, y con facultades y atribuciones generales pueda resolver”, indicó.

En este sentido, dijo que una tercera opción, es que Roberto Borge, “con las garantías necesarias de la enfermedad que acreditó su defensa, hacer un traslado a la entidad (...) con la suficiencia de atención médica en específico en Chetumal y una vez desahogadas cada una de las tres carpetas se haga su devolución directamente a Morelos”.

Añadió que el proceso federal marcará el plazo respectivo, con base en la investigación complementaria, de la cual estamos pendientes y conforme a ello y una vez resuelta la causa penal, pues necesariamente tendrá que ser puesto a disposición de Quintana Roo.

[b]Depende de Panamá[/b]

El acuerdo de extradición entre México y Panamá, en el Artículo XVII, refiere al principio de especialidad en el que señala textualmente que “ninguna persona extraditada, será detenida, procesada o condenada en el territorio de la parte requiriente –México- por un hecho o hechos constitutivos de delito distintos a aquellos por los cuáles fue otorgada la extradición”, excepto en algunas circunstancias.

Pech Cen dijo que desde un inicio la Fiscalía acompañó la información de manera complementaria para lograr la extradición que derivó de la carpeta administrativa de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, aclaró que no depende de la Fiscalía sino del trámite que se realice ante la PGR y de nuevo estas nuevas carpetas serán analizadas directamente por parte del gobierno panameño, quien con base en esa cláusula de “exclusividad”, hará las pertinencias en cuanto decidir si proceden estas nuevas dos carpetas o no.


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