Vecinos de Santa Gertrudis Copó solicitan suspensión de obra

Eduardo Lliteras
Foto: YuumBeto / Equipo Indignación A.C
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 9 de mayo, 2018

Amparados por la noche del pasado domingo 11 de marzo, un grupo de hombres con maquinaria pesada irrumpió en la comisaría de Santa Gertrudis Copó, en el norte de Mérida, y amenazó a una anciana de 70 años con aplastarla dentro de su casa -en la que nació y vivió toda su vida- si no se salía de inmediato alegando ser los legítimos propietarios.

Intimidada, sin saber qué hacer, la señora María Ángela Tec Cob, terminó saliéndose de su casa mientras el grupo de hombres sacaba todas sus pertenencias y las trasladaba a una vivienda que le adjudicaron -sin papeles de por medio- en Cocoyoles sin que ella estuviera de acuerdo y sin algún documento legal que amparara dicho acto.

Horas después iniciaron la demolición de la casa de la anciana sin tener permisos del Ayuntamiento de Mérida, como constataron los inspectores municipales el día 14 marzo, luego de que los vecinos solicitaron una inspección de la autoridad en los terrenos ubicados en la calle 7 B por 14 y 14 A de la comisaría de Santa Gertrudis Copó.

Los supervisores del Ayuntamiento de Mérida, Jorge Ordaz y Jorge Casanova Cervera, verificaron y constataron que los constructores -de la empresa aún sin identificar- no cuentan con las licencias y permisos correspondientes para demoler la casa habitación de la señora Tec Cob, ni para edificar además un muro en terrenos comunales.

Además, en los tres predios contiguos al antiguo casco de la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó, fueron demolidas las viviendas de otras siete familias, mismas que fueron trasladadas también a Cocoyoles, sin que hubiera documentos legales que legitimaran este despojo en toda regla operado con prepotencia.

Para denunciar el desalojo de sus casas y la invasión de las tierras comunales, los vecinos mayas de la comisaría hicieron un plantón y una conferencia de prensa con el apoyo de la organización de Derechos Humanos, Indignación A.C., en la que señalaron que son afectados por personas ajenas a su pueblo, luego de que descubrieron el inicio de construcción de un muro que deja sin acceso a sus casas a varios vecinos.

Explicaron que una señora de nombre Ivet Olmos, su esposo Rafael Martin y el supuesto propietario de nombre Gabino Guzmán, son los que hasta ahora han sido identificados como responsables de estos abusos y que alegan ser los propietarios de los lotes que se ubican en las inmediaciones del casco de la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó.

Sin embargo, no han podido demostrar ser los legítimos propietarios, máxime tomando en cuenta que las familias que fueron desalojadas tenían viviendo allí en promedio entre 80 y 100 años, ya que sus padres y abuelos laboraron y vivieron en la hacienda cuando todavía producía henequén.

De hecho, los vecinos nos platicaron anécdotas de la ex hacienda, cuando don Alejandro Xacur les permitió a sus antepasados quedarse a vivir allí y de los que fueron desalojados como narra el señor Pedro Herrera Couoh, quien se quedó sin los terrenos que le dejó su papá y que habitaban parcialmente sus hermanos Guadalupe y Lourdes Herrera Couoh.

Pedro Herrera recordó que en el casco de la ex hacienda hay dos cenotes, así como montículos mayas “donde vive la hermana de la Virgen” y una iglesia con por lo menos 100 años de antigüedad que permanece cerrada, y sobre los que el INAH no ha dicho nada, hasta ahora.

Los habitantes dijeron que se han manifestado en contra de este intento de despojo, parando la obra y vigilando que no edifiquen muros los invasores, hasta que la autoridad resuelva cómo se vendieron esas tierras, incluidas las que son comunales.

La señora Leydi Cocom, vecina de Santa Gertrudis Copó, explicó que como pobladores de la comunidad indígena maya, dirigieron un escrito a los tres niveles de gobierno solicitando una mesa de diálogo y denunciando que se violenta su derecho a la vivienda.

Asimismo, solicitaron que se realice una verificación de los límites del terreno del que pretende apoderarse los desarrolladores ubicado en la calle 7 B por 14 y 14 A, donde el consejo de participación ciudadana solicitó la construcción de una cancha de usos múltiples.

También pidieron que se ordene la suspensión de la obra a la Dirección de Desarrollo Urbano hasta que se lleve a cabo la mesa de diálogo, para que a través de un consenso y claridad de los hechos denunciados, se demuestre que la obra cuenta con todos los permisos correspondientes.

Cabe señalar que los constructores invadieron otro terreno utilizado como cancha de fútbol por la comunidad y que es propiedad del IVEY (Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, dependencia estatal).