Alumnos de UQROO protestan por reformas a ley

Joana Maldonado
Foto: Facebook @uqroo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 4 de junio, 2018

El Consejo Universitario de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), encabezado por el rector Ángel Rivero Palomo, reformó la Ley Orgánica para limitar la participación de estudiantes de posgrado en los órganos divisionales. Éstos, alegando violaciones a la libertad de expresión y garantías de igualdad, no discriminación, participación y representación, promovieron un amparo y acusaron que la universidad está controlada por un grupo político que encabeza el rector.

En conferencia de prensa, estudiantes de la maestría en acceso a la justicia en derechos humanos, Luis Samaniego Santamaría, coordinador de la misma y otros docentes, denunciaron “la violación de derechos humanos ante los consejos divisionales por el acuerdo 10.1 y 10.2 del Consejo Universitario y su presidente, el rector de la UQROO”.

Pidieron instalar una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, la secretaria de Educación, diputados, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHEQROO), con el fin de dejar sin efecto los acuerdos y se resuelva de fondo un conflicto para futuras generaciones.

Yunitzilin Rodríguez Pedraza, docente, expuso que siempre ha habido representación de maestrantes ante el Consejo Divisional, donde se toman decisiones trascendentes de programas académicos.

“Nosotros ya somos representantes; pero a partir de este acuerdo decidieron interpretar la ley en perjuicio para simplemente decidir que ya no habrá representantes, desconociendo constancias que nos acreditan como consejeros divisionales y representantes de profesores y alumnos”, indicó.

Ariadne Song, estudiante de la maestría, recordó que el pasado 23 de marzo el Consejo Universitario aprobó los acuerdos 10.1 y 10.2, los que consideró contradictorios, ya que violan la legislación universitaria y los derechos humanos de los estudiantes de posgrado, prohibiendo su participación en los órganos colegiados para expresar sus ideas a través de sus representantes.

Gabriela Rojo, abogada y alumna de esta maestría, anunció que en virtud de lo anterior, interpusieron un amparo colectivo en contra del Consejo y del rector, que ya fue admitido por la autoridad jurisdiccional en virtud de la actuación omisa, al no vetar los citados acuerdos.

Andrés Blanco Cruz, regidor othonense y estudiante de la misma maestría, acusó el hecho como “una violación grave a los derechos”.

Afirmó que el objetivo del rector es crear consejos a modo, en los que no se les cuestione lo que acontece en la universidad.

“El rector utiliza esta autoridad para beneficiar a sus amigos. Recordemos quién lo impuso ahí; fue el ex gobernador Borge”, aseguró.

Consideró incongruente que el rector no se haya opuesto a esta ilegalidad y sí haya permitido declarar inaplicable el artículo 119 del reglamento para permitir que Israel Radilla (ex operador de Borge del programa Basura por Alimentos), se pudiera titular.

“Tenemos que defender los derechos humanos que son atentados por un acuerdo del Consejo Universitario en el que se vulneran sus derechos y se acallan sus voces ante un órgano creado por el Congreso, y se pretende modificar sin tener facultad, violando los derechos de docentes y académicos. Respaldamos las acciones legales e institucionales que tiendan a restituir los derechos humanos”, dijo al respecto Samaniego Santamaría.

Añadió que no se puede permitir acallar voces críticas: “Este comité respalda las acciones de los demás posgrados y demás estudiantes”.

Exigió que la representación de alumnos y profesores no quede a voluntad de un rector, sino que sea de estricto cumplimiento.

Descartó un conflicto de carácter personal. “El Consejo, sin tener facultades, está reformando la ley orgánica, que le compete al Congreso del estado”.

El Consejo sesionó para abordar la creación de un consejo consultivo a modo para que un consejo divisional aparentemente tengan representación alumnos y profesores. “Este consejo no tiene facultad por ser un consejo consultivo y no forma parte del Consejo Divisional en donde el Congreso sí señala la participación de alumnos y profesores en la vida universitaria”.

Precisaron que ya agotaron todas las instancias internas de la UQROO, pero en el ánimo de enfrentar a la directora de división y la secretaria general, se les cerraron las puertas.

En ese tenor, hicieron responsable al rector y otros profesores “que tienen secuestrada” a la UQROO por su seguridad familiar, académica e intelectual.

Acusaron de haber recibido amenazas “por parte de una autoridad que debería estar velando por la calidad de la Uqroo, es así que hacemos responsables de cualquier daño físico, moral e intelectual que podamos sufrir a las autoridades”.

[b]Responde la Uqroo[/b]

Mediante un comunicado, la UQROO expresó que “respeta la diversidad de opiniones y alienta la libertad de expresión, además de que escucha, atiende y resuelve los asuntos de su competencia en el marco de sus diferentes disposiciones normativas y se pronuncia a favor de mantener abiertos los canales de comunicación y los ámbitos de diálogo y discusión que caracterizan y enaltecen” a la Universidad.

“La voz de cada uno de sus estudiantes y docentes es muy importante, y es a través de este Honorable Consejo Universitario (…) en el que se toman decisiones con total transparencia para atender las necesidades de toda la comunidad universitaria, y en este caso particular, de algunos de los docentes y estudiantes de la Maestría en Acceso a la Justicia de los Derechos Humanos, uno de los trece posgrados que se imparten en la máxima casa de estudios de Quintana Roo”, finalizó.