Stella Calloni, corresponsal
Foto: Xinhua
La Jornada Maya

Buenos Aires, Argentina
Sábado 9 de junio, 2018

El Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado anoche por el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, que ratifica el préstamo “stand-by” por 50 mil millones de dólares originó una nueva subida del dólar que llegó a 26.44 para cerrar en 25.98, y se espera que siga subiendo ya que el Banco Central no seguirá utilizando sus alicaídas reservas para detener la corrida. Mientras se extiende el rechazo de la oposición a esta medida por las graves consecuencias que las concesiones del gobierno al FMI traerán para el pueblo argentino.

Entre las principales advertencias opositoras es que este acuerdo se firmó contra la voluntad mayoritaria de la población, que profundizará el ajuste (ya desmedido), disparará la inflación, los despidos y dispone la riesgosa libre flotación del dólar.

“Este acuerdo no es solución para nadie salvo para el mercado financiero” dijo la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont (2005-2008) y advirtió que “como siempre, se despreocupan de lo que pasa en el mundo real de la producción, el trabajo y los jubilados”.

Durante una entrevista radial expresó sus dudas de que (el gobierno) logre tranquilizar al mercado con estos 50 mil millones y pronosticó que “tarde o temprano esto terminará en otra crisis cambiaria”, y no descartó que antes de fin de año el dólar pueda llegar a 30 pesos argentinos.

El dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal, sostuvo que durante la conferencia de anuncio del acuerdo con el FMI se omitió señalar que a la salida de divisas (que ya no pueden financiar) intentarán frenarla con una nueva devaluación y que el préstamo se usará para favorecer a los banqueros. “El monto del préstamo es para cubrir los vencimientos de capital e intereses de deuda de los próximos dos años”, agregó.

En este complejo panorama el ministerio de Seguridad amenaza con aumentar la represión a las protestas. La prensa y la justicia independiente están en la mira del oficialismo y los periodistas “villeros” de la popular revista La Garganta Poderosa, surgida en una villa miseria, fueron directamente amenazados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por haber denunciado a las fuerzas de seguridad que detuvieron y torturaron a trabajadores de ese medio, después de allanar sin razón sus casas. Anteriormente se llevaron a otros dos jóvenes que fueron torturados.

Sindicatos y gremios de prensa denunciaron esta persecución contra La Garganta Poderosa y contra el periodismo que no se somete a las directivas del gobierno, lo que ha llevado al despido de más de 3 mil 500 trabajadores de prensa en todo el país.

Organismos de derechos humanos denunciaron que la policía de Ciudad de Buenos Aires persigue a inmigrantes africanos. En estos días dos jóvenes senegaleses fueron golpeados ferozmente por los policías. Esta noche allanaron la casa donde viven varios jóvenes africanos y los detuvieron violentamente sin razón alguna

El racismo, estimulado por los medios de comunicación masivos, aliados del gobierno del presidente Mauricio Macri, se expresa también contra bolivianos y paraguayos, pero en Buenos Aires contra los pobres del interior del país que llegan a esta capital en busca de trabajo.
En Salta el gobernador Gerardo Morales, quien ha sido señalado por organismos internacionales por la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala y otros militantes de la organización social Tupac Amaru, ordenó en las últimas horas allanar y apoderarse del local de ese movimiento.

En los últimos días se evidenció un incremento de la presencia de las Fuerzas de Seguridad rearmadas por Estados Unidos e Israel, que actúan cada vez con mayor violencia sobre la población, especialmente contra vendedores ambulantes y en las villas miseria. Son varios los jóvenes asesinados en los últimos dos meses, por lo cual diversos sectores piden nuevamente la renuncia de Bullrich, quien calificó de “terroristas” a las escasas comunidades mapuches que viven en el sur del país y ahora quiere hacer aparecer como narcotraficantes a las cooperativas sociales de las villas.


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