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Juan Carlos Faller Menéndez
Foto: Archivo La Jornada Maya
La Jornada Maya

Martes 31 de julio de 2018

Como parte del efecto dominó causado por el amparo de la justicia federal otorgado el pasado 6 de junio a un conglomerado Maya, los parques de energía eólica tienen un retraso en el inicio de operaciones. Algunos optimistas creen que en septiembre ya podrían arrancar estos molinos de viento.

Sin embargo, una consulta indígena como a la que obliga el amparo federal lleva más que buenas intenciones pues requiere tiempo para hacerse bien, y el retraso sólo puede verse mal desde el punto de vista oficial y empresarial, porque para el resto de la sociedad representa una segunda oportunidad.

Hace casi dos años, unos colegas preocupados por el avance en el trámite del permiso para un parque eólico en Tizimín me preguntaron sobre la posible afectación a los felinos silvestres. Les dije a botepronto que no veía ningún problema para ese grupo de fauna, pero que me preocupaban las aves y los murciélagos. La lógica indica que cada torre eólica es un auténtico molino asesino, pues cada punto de la hectárea (10 mil metros cuadrados) de barrido que representa cada torre con aspas es cercenado cada 1.5 segundos (a velocidad operativa), tal vez menos. El punto extremo de cada aspa (tres por torre) va a más de 300 km/h.

Di mi punto de vista sobre felinos y mi advertencia sobre aves y murciélagos, y supuse erróneamente que algunas voces más autorizadas en fauna voladora se levantarían contra el proyecto. Creí que instituciones como Pronatura Península de Yucatán, A.C. (con su logo de ave y casi 30 años de historia) darían el grito en el cielo; creí que universidades como la Marista (con su licenciatura en Administración de Recursos Naturales, maestría en Gestión Ambiental y diplomado en Gestión e Impacto Ambiental) desarmarían con lógica académica el documento de Manifestación de Impacto Ambiental que presentaba la empresa interesada; creí que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sacaría la casta como cuando se enfrentó a la complacencia transgénica de la Semarnat y opondría objeciones insalvables aún para el empuje eólico de la Secretaría Estatal de Fomento Económico.

Así pues, con esa infundada confianza en actores más competentes, puse puntos suspensivos al tema, pero en el ruido de fondo las noticias seguían avisando de la inminente erección de más de 40 torres en el parque eólico de Tizimín (y otras decenas más en otros dos o tres sitios cercanos a la costa norte de la península); hubo, en honor a la verdad, eventuales avisos de precaución sobre aves y murciélagos de Pronatura y otros actores, pero nada en concreto. El tsunami de las inversiones, la inercia del fomento económico “verde”, la debilidad permisiva de la sociedad urbana y la corrupción de las instituciones gubernamentales federales (empezando por la Semarnat, cabeza del sector ambiental) permitieron que se erigieran cuantos molinos de viento quisieron los inversionistas extranjeros y nacionales.

Parafraseando a Augusto Monterroso: Cuando desperté, los molinos ya estaban allí para cazar los mismos vientos en las mismas rutas y espacios que usan y buscan más de 70 especies de aves migratorias y más de 300 especies residentes; el mismo espacio y las mismas alturas que usan más de 15 especies de murciélagos.

Así como la del parque eólico de Tizimín, las otras Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA´s) que aprobó la Semarnat en los últimos meses para la operación de los parques eólicos son un escándalo. No resisten el más mínimo análisis serio, pues sus fundamentos y conclusiones son descaradamente falsos.

En cuanto a lo anterior, la rebelión legal de los mayas y su exigencia de respeto a sus derechos colectivos fue un lance quijotesco, atacando a los pantagruélicos molinos de fauna sembrados impunemente en tierras del norte del Mayab. Contrario a lo que sucedió en la novela cervantina, los Mayas sí hicieron diana en los gigantes.

La rebelión legal de los Mayas nos da una segunda oportunidad a las sociedades urbanas de la península para reponer el procedimiento. Organizaciones como Pronatura y The Nature Conservancy; centros académicos como la Universidad Marista y la UADY; investigadores independientes y demás, tenemos la obligación moral y ética de marcar una posición clara frente a este tema, porque ya estuvo bien de cargarle la responsabilidad a los Mayas, acosados como están ahora por voces oficiales y oficiosas que los calumnian. México, no hay que olvidarlo, se situó en 2017 “en el cuarto lugar en la lista mundial de las naciones con mayores riesgos para ser un defensor del medio ambiente –anteriormente ocupaba el lugar 14–, con un saldo de 15 asesinatos (cifra cuatro veces superior a la de 2016)” (La Jornada, Sábado 3 de febrero de 2018, p. 32).

El próximo 2 de octubre se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco, perpetrada por el PRI-Gobierno. Y hoy, como sucedió hace medio siglo, el PRI-Gobierno acusa a sus opositores de obedecer a “intereses mezquinos de carácter extranjero”. La rebelión legal de los mayas nos ha dado una segunda oportunidad. No le demos la espalda en este momento decisivo.

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