Texto y foto: Notimex
La Jornada Maya
Buenos Aires, Argentina
Viernes 17 de agosto, 2018
El gobierno argentino decidió postergar el nuevo debate sobre el aborto y no presentará el proyecto de reformas al Código Penal, que reducía las condenas a prisión de las mujeres que interrumpen de manera voluntaria su embarazo.
Fuentes del ministerio de Justicia confirmaron que los cambios al Código Penal no se enviarán la semana próxima para su análisis y eventual rechazo o aprobación al Congreso, tal y como se había previsto.
La reforma, que ahora ya no tiene fecha de debate, era muy esperada porque el gobierno había especulado con la posibilidad de subsanar el reclamo social en torno al aborto después de que el Senado rechazó la legalización.
El pasado 14 de agosto, el Senado rechazó con 39 votos en contra y 31 a favor el proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y que legalizaba el aborto sin restricciones hasta la semana 14 de gestación.
Los cuatro meses en los que el aborto se debatió en el Congreso fortalecieron al movimiento de mujeres de este país que seguirá peleando de manera masiva por el derecho a interrumpir sus embarazos en hospitales públicos y privados.
Como alternativa, el nuevo proyecto de Código Penal que se había filtrado a la prensa incluía una modificación para que las mujeres que abortan ya no sean penadas con uno a cuatro años de prisión sino de uno a tres años para convertirlo en un delito excarcelable.
El cambio fue rechazado por feministas y políticos oficialistas y opositores, ya que ni siquiera la despenalización total alcanza, pues si bien ya no implicaría riesgo de prisión, tampoco habría garantía de una atención médica adecuada para evitar muertes por abortos clandestinos.
La postergación del debate sobre el nuevo Código Penal se conoció en medio de la conmoción provocada por la muerte de dos mujeres por complicaciones derivadas de abortos clandestinos en la provincia de Buenos Aires.
En Argentina se calcula que cada año hay entre 350 mil y 500 mil abortos clandestinos que suelen provocar la muerte de por lo menos 30 mujeres que podrían vivir si tuvieran acceso a abortos legales, seguros y gratuitos.
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